El fallo deriva de una demanda interpuesta para ejercer la acción de responsabilidad social por el Grupo Celsa, a través de su participada Celsa Opco SA, contra Rubiralta por remuneraciones excesivas entre 2022 y 2023.
El magistrado aprecia que la cantidad cobrada por Rubiralta en concepto de retribuciones variables tienen «un carácter tóxico» y le obliga a devolverla.
El titular argumenta que hubo un «desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal» y que su conducta hacia la compañía fue «desleal».
La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona.
