En declaraciones a la prensa, el ministro se ha alineado con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que este lunes ha defendido en unos desayunos informativos de Europa Press que esa medida «no es viable ni seguramente constitucional».
«Puente lo expresó con total claridad. Es difícil de entender que los operadores privados (Ouigo e Iryo) que han venido a España a explotar una importante infraestructura que ha supuesto un esfuerzo inversor gigantesco por parte del Estado, tengan condiciones diferentes y menos exigentes que el operado público (Renfe)», ha argumentado Bustinduy.
El ministro cree que esta enmienda se basa «en un criterio profundamente ideológico heredado de liberalismo», en el que lo público se encarga de lo no rentable, mientras las empresas privadas sacan beneficio de la parte del mercado que sí es rentable.
«Creo que el ministro Puente tenía toda la razón expresando esa asimetría injustificable que se plantea para el operador público y los operadores privados de la red de alta velocidad», ha concluido.