La ley, que constituye una de las reformas acordadas por España con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación y se encuentra ya en fase de aprobación definitiva, obligaría a las empresas con más de 200 empleados a establecer planes de movilidad sostenible en un plazo máximo de dos años, con el objetivo de ayudar a alcanzar la neutralidad climática en 2050, condición necesaria para la solicitud de fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Foro de Movilidad de Alphabet muestra que la exigencia de establecer medidas para apoyar a los españoles en su desplazamiento al trabajo es desconocida por un 68% de los ciudadanos, mientras que solo el 12% de los mismos tiene conocimiento de que su empleador disponga actualmente con algún plan vigente de movilidad sostenible al trabajo.
A la hora de contar con la ayuda necesaria por parte de sus empresas, un 44% de los trabajadores encuestados demandan incentivos para el uso del transporte público como la medida que más útil resultaría.
Otras iniciativas como autobuses lanzadera (32%), contar con plaza de aparcamiento (31%), el acceso al uso de coche compartido o disponer de incentivos para ello (16%), opciones de micromovilidad (18%) y puntos de recarga de en la oficina (20%), también serían consideradas ayudas de movilidad por los trabajadores en España.
Con la Ley de Movilidad Sostenible, la movilidad inclusiva, considerada por el 85% de los españoles como un derecho universal, sería reconocida por primera vez como un derecho de toda la ciudadanía y «un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar».