En concreto, Bruselas quiere modificar el reglamento de sanciones para actualizar o eliminar disposiciones que considera que han quedado «obsoletas» y que ya no encajan con el nuevo marco fiscal. Este cambio busca que el brazo correctivo de las reglas fiscales, en el que se enmarcan los expedientes por déficit excesivo, y las sanciones financieras trabajen como un único mecanismo.
Así, busca eliminar contradicciones o duplicidades entre normas y aplicar un enfoque más gradual para que las sanciones se impongan de forma proporcional y escalonada según la gravedad del incumplimiento, en lugar de medidas rígidas o automáticas.
«Seguimos manteniendo una postura muy cauta, pero creemos que un poco más razonable en términos del equilibrio entre los riesgos y la supervisión», ha explicado un alto funcionario del Ejecutivo comunitario.
Esta modificación plantea que en lugar de un depósito con interés –el 0,2% del PIB– en caso de desviaciones significativas de los objetivos fiscales, las sanciones se apliquen progresivamente según la magnitud y persistencia del incumplimiento, mientras que si un Estado miembro corrige a tiempo su desviación, salvará la sanción y se le devolverá su depósito.
Junto a la simplificación del régimen de sanciones, el Ejecutivo comunitario también plantea una vigilancia financiera más a medida y cuya intensidad se ajuste más al riesgo real de reembolso.
Además, propone aumentar la eficiencia en la financiación destinada a los Estados no pertenecientes al euro mediante la reforma del mecanismo de balanza de pagos, sustituyendo el actual sistema por una estrategia de financiación diversificada similar a la del fondo anticrisis o la asistencia macrofinanciera a Ucrania.