MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha rechazado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Recargo de Solidaridad de 1995, el suplemento fiscal introducido para sufragar los costes de la reunificación del país, al considerar que no se puede determinar en la actualidad que las necesidades financieras adicionales derivadas de la integración de los antiguos Länder de Alemania Oriental hayan desaparecido.
Con su decisión de este miércoles, el Constitucional germano resuelve la reclamación presentada en 2020 por un grupo de miembros del liberal FPD, después de que el Parlamento de Alemania acordase en 2019 revisar las condiciones del gravamen, del que desde 2021 están exentos alrededor del 90% de contribuyentes.
Si bien la tasa fue introducida provisionalmente en 1991 para apoyar la reunificación, el recargo de solidaridad quedó establecido a partir del 1 de enero de 1995, hasta su modificación en 2019.
En su sentencia, la sala del Constitucional considera que, si bien el suplemento exige la existencia de necesidades financieras adicionales para tareas específicas, «el legislador sólo necesita exponer dichas necesidades en términos generales» y apunta que, en el caso del recargo solidario, «estas necesidades financieras adicionales surgen de la reunificación alemana».
De este modo, considera que el legislador está obligado a abolir el recargo o a cambiar sus requisitos cuando las necesidades financieras adicionales hayan dejado de existir evidentemente, lo que obliga al Gobierno a supervisar la situación.
«Incluso hoy en día no se puede afirmar (todavía) que hayan desaparecido las necesidades financieras adicionales derivadas de la integración de los antiguos Estados federados de Alemania del Este en la República Federal de Alemania», afirma el Tribunal, por lo que considera que el legislador «no estaba ni está obligado a suprimir el recargo de solidaridad» a partir del ejercicio fiscal del año 2020.
En el último ejercicio, Alemania recaudó más de 12.000 millones de euros a través del impuesto solidario y, en el caso de que se hubiera declarado inconstitucional, habría obligado al Estado a devolver los cerca de 65.000 millones de euros recaudados desde 2020.