La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han instado este martes al Gobierno a retirar las medidas de control de precios incluidas en la Ley de Vivienda y a «racionalizar la estructura tributaria» para reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones.
En este sentido, durante una encuentro organizado por Fedea y CGE para analizar el problema de la vivienda, el catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de Fedea, Benito Arruñada, ha denunciado que la estructura tributaria de la vivienda es «disparatada», pues gran parte de la tributación se hace descansar sobre las transmisiones y no tanto sobre la tenencia.
«No me meto en cuál debe ser el gravamen total conjunto, que sea el que sea, el que queramos, el que decidamos democráticamente, pero nuestra solución de gravar mucho las transmisiones y la tenencia relativamente poco es un disparate», ha advertido Arruñada, que ha criticado que en España «se machaca a impuestos» a quienes quieren moverse a vivir a otras ciudades y a otro empleo.
Arruñada ha afirmado que, aunque el ciudadano piense que la vivienda está muy cara porque hay especuladores, «no se da cuenta de que el principal especulador, con muchísima diferencia, son las administraciones públicas», que se llevan en la vivienda nueva al menos la mitad del precio de pago.
Fedea y el CGE han denunciado que, con la Ley de Vivienda, ni los precios han bajado, ni la oferta ha aumentado, pues parte de la misma se ha movido hacia otras modalidades de alquiler distintas de la vivienda habitual, como son el de temporada, por habitaciones o el turístico, que han crecido por encima del 15% o el 20%.
«Nadie está intentando eludir los efectos de la Ley, están intentando practicar una política en defensa de sus intereses, de su inversión», ha explicado Julián Salcedo, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid.
Fedea y el CGE han instado también a «repensar» la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad y han advertido de que la Ley de Vivienda apunta a que será modificada «en un sentido aún más intervencionista y restrictivo», pues se pretenden limitar los alquileres de temporada, restringir los alquileres por habitaciones y los alquileres turísticos.
«Será un error añadido, porque los alquileres de temporada y los alquileres por habitaciones son absolutamente necesarios en cualquier país, precisamente para cubrir necesidades de colectivos específicos, estudiantes, trabajadores desplazados», ha alegado Salcedo.
MAYOR PARQUE PÚBLICO
Fedea y el CGE ven necesario que las administraciones asignen más recursos a la promoción de vivienda asequible y al incremento del parque público, pues España carece de un parque significativo de vivienda social pública en régimen de alquiler, como sí tienen otros países.
«Un gran parque de vivienda de estas características es necesario para facilitar el acceso a la vivienda de una capa importante de la población que difícilmente puede hacerlo en condiciones de mercado. En este mismo sentido, sería conveniente proporcionar incentivos a la iniciativa privada para la promoción de vivienda asequible», sostienen.
Durante esta sesión de trabajo, Fedea y el CGE han avisado de que la Ley de Vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso, como lo demuestra el que hayan sido presentados ocho recursos ante el Tribunal Constitucional, algunos de ellos por los mismos grupos parlamentarios que votaron a favor de la norma.
«Nos hallamos fundamentalmente ante un problema de oferta que la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda no sólo no ha ayudado a mitigar, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler», han denunciado.
Los expertos han criticado que se haya cargado la tarea colectiva de atender las necesidades de los más vulnerables «sobre las espaldas de los operadores privados», pues, ante la falta de protección e incentivos, «éstos tienden a abandonar el mercado, lo que reduce la oferta y aumenta los precios».
«Los que continúan en el mercado, por su parte, tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda», apuntan.
ABANDONAR EL INTERVENCIONISMO
Entre las propuestas que realizan Fedea y el CGE para avanzar en las soluciones al problema de la vivienda, reclaman llevar a cabo una «verdadera» política de vivienda a largo plazo, con el objetivo de lograr un cambio estructural del modelo y no simples medidas de carácter coyuntural a corto plazo.
En su opinión, los poderes públicos deberían limitarse a intervenir sólo para fijar unas condiciones básicas de partida que impidan el abuso de posición dominante.
Asimismo, abogan por recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a los contratos de arrendamiento de vivienda, «derogando las limitaciones de plazo y demás condiciones contractuales que hoy restringen ineficientemente la dimensión del mercado y expulsan del mismo a los arrendatarios potenciales más vulnerables».
Apuestan además por restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad al nivel de los demás países europeos, tanto en lo relativo a limitaciones administrativas para la promoción y construcción como, con carácter urgente, en materias de ‘okupación’ y desahucio.
A su entender, esto debería ir acompañado del establecimiento de un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables.
RETORMAR LA LEY DEL SUELO
Fedea y CGE han defendido además la necesidad de retomar el proyecto de Ley del Suelo para evitar la paralización de los planes urbanísticos, simplificar y agilizar el urbanismo y «acortar drásticamente» los plazos para urbanizar y edificar, lo que a su vez abarataría y agilizaría la construcción.
Al mismo tiempo, se han mostrado a favor de estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pudiera adoptar reglas diferentes, adaptadas a su idiosincrasia económica y política, de modo que también se pudiera observar qué regulaciones son las que funcionan mejor.