La Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la mayor organización de empresarios de Colombia, ha trasladado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Gobierno de Colombia pretende reanudar el debate de importantes reformas económicas «ignorando completamente el diálogo social».
El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, ha sido el encargado de poner en conocimiento de esta situación al director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, en una reunión mantenida entre ambos este mismo martes en Suiza, en la que ha explicado que Colombia atraviesa «una gran crisis de unilateralidad».
Según ha explicado el líder empresarial tras el encuentro, el Ejecutivo está tratando de imponer ideas que incluso pueden ir en contra de los empleados, de los pensionistas, del empleo, de la formalidad y de la productividad.
«Esta realidad la hemos puesto en conocimiento del director general la OIT, organismo de Naciones Unidas en el cual se defiende el principio del tripartismo, como fundamento del Diálogo Social. No hay la menor duda de qué hoy vivimos una gran crisis de unilateralidad que le produce inmenso daño al mundo laboral», ha sostenido Mac Master.
Para los empresarios, el Gobierno de Gustavo Petro ha desmantelado un sistema de diálogo tripartito que llevaba vigente 30 años en tan solo 22 meses. «Resulta sorprendente como este sistema ha sido prácticamente desmontado», ha lamentado el responsable de la ANDI.
Para argumentar esta posición, el empresario ha puesto ejemplos como el debate de la reforma laboral cuya primera versión fue llevada a la mesa de concertación tripartita, pero que finalmente fue, «para sorpresa de muchos», totalmente ignorada, llevándose un texto distinto al congreso.
Además, ha añadido que la segunda versión de proyecto de reforma laboral no ha sido llevada ni una sola vez a la conversación en la mesa de concertación tripartita, ni a conversaciones individuales.
Del mismo modo, ha explicado que el proyecto de para reformas al sistema pensional, una de las columnas vertebrales del sistema de protección social a trabajadores, y en el cual los empleadores son financiadores por constitución, no ha sido llevado una sola vez a la conversación de la mesa de concertación tripartita.