La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han solicitado al Ejecutivo la indexación de los contratos públicos de tecnología sanitaria para «evitar problemas» de acceso a innovaciones tecnológicas de calidad por parte de profesionales sanitarios y pacientes, según han acordado amabas patronales este jueves en una reunión.
En concreto, ambas organizaciones han mostrado su preocupación por el aumento de la inflación y «urgen» al Ejecutivo a que recupere el modelo de indexación anterior a 2015, que permitía actualizar los contratos al IPC, señalando que la modificación legislativa aprobada en mayo de 2023 «resulta imposible» de aplicar en la práctica.
El encuentro institucional contó con la asistencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el presidente y secretario general de Fenin, Jorge Huertas y Pablo Crespo, respectivamente, con el fin de abordar «asuntos prioritarios» y de interés común para el sector empresarial y la industria de tecnología Sanitaria.
Asimismo, las patronales han señalado que la modificación legislativa de 2023 no cuenta con indicadores públicos oficiales a los que poder referenciar las materias primas con las que se fabrican los productos sanitarios.
El presidente de Fenin ha señalado que se debe «garantizar» la viabilidad del sector a través del equilibrio económico-financiero de los contratos públicos.
De su lado, Garamendi ha recordado que desde 2018 la Administración ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) en más de un 50% sin revisar el precio de los contratos públicos suscritos con las empresas, y que la indexación «no es otra cosa que incrementar esos contratos al compás de los costes».
Durante la reunión se han abordado otras cuestiones como el caso de la compra pública basada en valor (frente a criterios exclusivamente economicistas) y la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios.
En esta línea, el secretario general de Fenin ha señalado que el 85% de los productos sanitarios están gravados con el tipo impositivo más alto, del 21%, indicando que se está «desaprovechando una oportunidad inmejorable» para reducir los costes que tiene su adquisición directa por los pacientes.
Por último, ambas organizaciones han ahondado en la «importancia» de que la Administración haga una apuesta «urgente y decidida» por la industrialización y la autonomía «estratégica» del país.