La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abre expediente de infracción a España por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública.
Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril de 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.
Estas directivas pretenden abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
La Comisión se dirige a los países por diversas cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con las restricciones de los derechos de los operadores en el caso de Rumanía y la exclusión de los hospitales privados de las normas de contratación pública de la UE aun cuando estén financiados en parte con fondos públicos en el caso de Bulgaria.
En el caso de la legislación española, Bruselas señala que esta no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de las directivas en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones de contratos que deben cubrirse.
Estos tres países disponen ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar sus gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.