La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reclamado este martes al Gobierno una menor burocracia y más flexibilidad para la segunda convocatoria del Perte agroalimentario.
En concreto, la asociación ha recordado que de los 510 millones de euros de la primera convocatoria tan sólo se gastaron 183 millones de euros debido a la excesiva burocracia y a la necesidad de presentar proyectos con consorcios de agrupaciones.
«Fue un Perte muy complicado y difícil para que pudieran acceder las pymes», ha señalado la directora de finanzas de FIAB, Karina Pereira.
De esta forma, Pereira ha reclamado al Gobierno que de cara a esta segunda convocatoria, que estará dotada con 300 millones de euros, sea «más flexible» y tenga «menos burocracia».
Además, ante el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha reclamado que se use el remanente de la primera en éste, ya que se trata del «primer sector del país».
«Pedimos que las convocatorias sean individualidades, más flexibilidad en la Ley de Morosidad y menos burocracia», ha recalcado.
Por su parte, Fernando Miranda ha reconocido que la primera convocatoria no fue fácil, por lo que ha avanzado que en esta segunda «se va a facilitar que se puedan presentar empresas con proyectos individuales y pymes».
«Con eso se va a dar más accesibilidad al conjunto de la industria y que tenga más éxito esta convocatoria», ha recalcado.
Por otro lado, el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria ha celebrado que Agricultura quiera resolver el problema de la representatividad de organizaciones agrarias que quiere llevar a cabo el ministro Luis Planas.
«El Ministerio quiere resolver este problema de forma objetiva, con un procedimiento que sea lo menos gravoso posible para todos. Buscamos el consenso con las organizaciones en esta fase de negociación», ha asegurado.
De esta forma, Miranda apuesta por » quitarle pasión a esta negociación».
«Se trata de que estén en la mesa los que tienen que estar y que el procedimiento se revise cada cuatro o cinco años para que se pueda hacer una actualización de esa representatividad», ha explicado.