Las organizaciones Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Greenpeace España han presentado sendas denuncias por «declaraciones ambientales engañosas» contra Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante la Dirección General de Consumo, al considerar que la comunicación de la compañía sobre sus biocombustibles «está plagada de información parcial y/o engañosa».
En un comunicado, las organizaciones consideraron que el comportamiento de Repsol «vulnera la Ley de Protección de los Consumidores, la Ley de Publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal».
Además indicaron que las denuncias tienen como principal objetivo que Repsol «elimine y rectifique sus falsas promesas, así como cualquier forma de lavado verde en sus declaraciones».
Estas demandas se producen después de la que el pasado mes de febrero presentó Iberdrola contra Repsol en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por competencia desleal y publicidad engañosa, al considerar que incurría en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico.
Según informaron las tres organizaciones, han llevado a cabo una investigación durante 2022 y 2023 focalizada en el impacto de la actividad de Repsol sobre la deforestación en Indonesia y su contribución al aumento de las emisiones responsables del cambio climático.
A partir de los informes periciales, las organizaciones denunciantes consideran que la petrolera «oculta en su comunicación pública y en su publicidad la deforestación y demás impactos ambientales y sociales provocados para la producción del aceite de palma que se utiliza para la fabricación de sus biocombustibles».
En concreto, la acción legal de las organizaciones pone el foco en las afirmaciones que la empresa hace sobre sus ‘biocombustibles’, a los que califica en su comunicación pública como ‘sostenibles’, ‘ecocombustibles’, ‘neutros en carbono’, ‘con baja huella de carbono’ o ‘renovables’, algo que estiman que realiza «de manera general y equívoca, sin distinguir entre los diferentes productos ofertados y sin especificar sus atributos o impacto ambiental, lo que resulta engañoso para la ciudadanía».
UNA MATERIA PRIMA «REGULADA POR NORMATIVA, SUPERVISADA Y CERTIFICADA».
Por su parte, fuentes de Repsol consultadas por Europa Press consideraron que estas demandas «tratan de desprestigiar una solución que la Unión Europea considera válida y alternativa a la electrificación para reducir de manera inmediata y asequible las emisiones de CO2» y aseguraron que «tratan de confundir a la sociedad, cuando la materia prima que se emplea está regulada por la normativa, supervisada y certificada».
Además, la energética, que recordó que acaba de poner en marcha la primera planta de combustibles renovables de la Península Ibérica, en Cartagena, que usa exclusivamente residuos orgánicos para producir 250.000 toneladas al año de combustible renovable, señaló que hoy se vende diésel renovable al 100% a público general «en más de 10 países europeos», como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Estonia, Lituania, Letonia, Holanda, Bélgica e Italia; y que Alemania acaba de aprobar la venta de este combustible en estaciones de servicio y otros países también lo comercializan para flotas de transporte.