Mutualidad (antigua Mutualidad de la Abogacía) ha lamentado la decisión «unilateral» de las medidas anunciadas por el Gobierno que conciernen al obligatorio encuadramiento de los colegiados profesionales autónomos en el Regimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027.
Así lo ha señalado a raíz del anuncio de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado del jueves sobre las mutualidades alternativas de previsión social.
En concreto, Saiz avanzó que el Gobierno quiere que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse obligatoriamente en el RETA a partir de 2027, eliminando así la opción de cobertura alternativa con una mutualidad que tienen actualmente ciertos colectivos, como abogados y procuradores.
En este contexto, Mutualidad ha asegurado que «velará por los intereses de los actuales mutualistas alternativos, así como de todo el conjunto de sus mutualistas».
Además, ha insistido en que, en cualquiera de los casos, la sostenibilidad del modelo financiero de Mutualidad «está asegurada por su sistema de capitalización individual, donde cada mutualista tiene individualizados sus derechos económicos».
Esto incluye los casos en que los mutualistas alternativos optasen por transferir sus planes al RETA o no se diesen de alta nuevos mutualistas alternativos a este régimen.
Mutualidad ha aprovechado para reivindicar la vigencia de su modelo al asegurar la solvencia de un sistema de previsión social que protege a más de 210.000 mutualistas.
UNA ORGANIZACIÓN SOLVENTE, VIABLE Y RENTABLE
En concreto, Mutualidad gestiona más de 10.200 millones de euros de más de 210.000 mutualistas, lo que, sumado a los más de 500 millones de euros de fondos propios no comprometidos y un margen de solvencia del 204% al cierre de 2023, «garantizan la solvencia, la rentabilidad y la viabilidad de la organización».
Así, la entidad ha declarado que «sigue apostando por la defensa del modelo de alternatividad para la previsión social de los profesionales autónomos» y por un sistema de colaboración público-privada «con demostrado éxito histórico».
Además, ha defendido «la equidad y voluntariedad» con las que ejercen su función aseguradora las mutualidades sin ánimo de lucro, y el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que mejor convenga a sus valores e intereses.