Una mayoría de Estados miembro ha reclamado este jueves ampliar el plazo máximo de 30 días para que entidades públicas y privadas paguen las facturas emitidas por pequeñas y medianas empresas (pymes) que propone la Comisión Europea en su nueva ley de morosidad.
Así lo han expresado un total de 24 países, entre ellos España, durante la sesión pública en la que se ha debatido este reglamento, en el marco del Consejo de Competencia que se ha celebrado en Bruselas, aunque el acuerdo sobre este expediente no se espera hasta mayo o junio.
Todos ellos –a excepción de Grecia, Países Bajos y Polonia–, conscientes de la necesidad de reforzar la cultura de pago, han coincidido en su petición de flexibilizar la norma para que ese límite de 30 días pueda ampliarse a 60, atendiendo a las circunstancias específicas de sectores como el agrícola.
«Se podría pasar de 30 a 60 días en algunos sectores industriales, en sectores comerciales donde hay productos de baja rotación y en algunos productos agrícolas», ha explicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha advertido también de que esta restricción puede acarrear «efectos indeseados» si no se tienen en cuenta las circunstancias específicas de sectores y países.
Por contra, sólo los ministros de Grecia, Países Bajos y Polonia han defendido que el plazo máximo único de pago de 30 días se convierta en «la norma» para todas las operaciones comerciales, tal y como propone la revisión del reglamento.
En lo que sí han manifestado unanimidad los Veintisiete ha sido en su rechazo a la creación de autoridades de ejecución para supervisar y garantizar la aplicación de las normas, frente a lo que proponen que sean los propios tribunales de cada Estado miembro los que se encarguen de estas tareas.
Al mismo tiempo, algunas delegaciones han criticado el marco legal, pues prefieren una directiva a una regulación para evitar una nueva capa legislativa y dejar más margen de maniobra a los Estados miembro.
El ministro responsable de pequeñas y medianas empresas de Bélgica –país al que corresponde la presidencia rotatoria del Consejo–, David Clarinval, ha constatado que las delegaciones están «ampliamente a favor de la flexibilidad y del respeto de la libertad contractual de las empresas» y que estas observaciones orientarán los futuros debates y la próxima reunión de los ministros prevista para el 24 de mayo.