La sectorial nacional del aceite de oliva virgen con denominación de origen ha solicitado un etiquetado con información saludable para «poder indicar las bondades del AOVE, que actualmente no está permitido», y que se apliquen los mismos requisitos a los aceites extracomunitarios, pues «no tiene sentido que los productos procedentes de países terceros no estén sometidos a las mismas reglas».
Así, lo han comunicado los representantes de la sectorial nacional del aceite de oliva virgen con denominación de origen que han comparecido ante el Parlamento de Cataluña para explicar las «dificultades» ante las que se encuentran en referencia a la «competencia desleal, la deliberada confusión al consumidor, así como el trato discriminatorio de la Política Agraria Común (PAC) con los agricultores de estas denominaciones protegidas».
En un comunicado de prensa, la sectorial ha informado que tanto el presidente de la sectorial, Enric Dalmau, como el secretario ejecutivo, José Manuel Bajo, se han presentado ante los parlamentarios de la comisión de Agricultura para que conozcan de «primera mano» la problemática de un sector que «dependen en buena medida del marco regulatorio donde desarrolla su actividad».
Por su parte, Bajo ha indicado que la apuesta por la calidad y diferenciación es «la mejor estrategia para competir, porqué no podemos competir siendo los más baratos sino los mejores». En este sentido, ha destacado que «la calidad y la diferenciación son los grandes arietes para abrir las puertas del mercado».
Asimismo, ha advertido que «no podemos hacerlo con las manos atadas a la espalda, debemos poder indicar las bondades saludables del aove en las etiquetas, pues en la actualidad está prohibido». En este contexto, los representantes de la sectorial han trasladado que «más de mil estudios científicos avalan que consumir aove es bueno para la salud», quienes también han resaltado que «al consumidor no se le protege ocultándole la verdad».
De igual forma, Bajo ha indicado que la alternativa «demoníaca» que proponen para el etiquetado es Nutriscore, «un semáforo nutricional que impulsan países europeos, con Francia a la cabeza, y donde España se ha puesto de perfil». Con respecto a esta alternativa, ha explicado que «sitúa al AOVE español a la misma altura que el aceite de Colza, lo que significa un fraude al consumidor».
Por su parte, Dalmau ha animado al Parlamento de Cataluña a aportar «su granito de arena para que esto llegue el Parlamento Europeo», ha concluido en una primera exposición.
POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Respecto a la PAC, el secretario ejecutivo ha instado a que los agricultores que trabajan productos de denominación de origen tengan «un tratamiento diferente ya sea en las políticas autonómicas, nacionales o europeas». «Hay una diferencia sustancial en la competitividad que no se está teniendo en cuenta», ha resaltado.
Al hilo de lo anterior, ha manifestado que «aglutinamos la mayor parte del olivar tradicional, generador de muchos puestos de trabajo, y virgen extra de calidad». «En las denominaciones de origen se concentra la práctica totalidad de la producción ecológica y las reservas genéticas de los olivares», ha comunicado.
Las denominaciones de origen aportan «mucho al sostenimiento de la actividad agrícola de los pueblos» y «creo que debe tenerse en cuenta a la hora de las ayudas y del fomento de la actividad oleícola», ha apuntado Boja.
En este sentido, Dalmau ha pedido a los parlamentarios de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Cataluña mayor protección de los «nombres protegidos». Pues, «una denominación de origen hace referencia a un determinado lugar ligado a un producto y unas características por ser producido allí», ha indicado al tiempo que ha destacado «hay que defender al productor y tener cuidado con el importador, al que hay que vigilar con severidad y atención».
Por último, la sectorial ha trasladado a la Comisión que «no tiene sentido que los productos procedentes de países terceros no estén sometidos a las mismas reglas exigidas a los productores comunitarios». «Si nos lo exigen a nosotros, los productores de terceros países lo han de cumplir; y si la Unión Europea no puede exigir el cumplimiento a los productos de fuera debe dejar de exigírnoslo a nosotros», han concluido.