Las grandes fortunas españolas son el objetivo de un nuevo impuesto que está siendo evaluado por el Gobierno de coalición. Todavía no se han hecho públicos los detalles de la propuesta de este impuesto, que servirá «para pedir un esfuerzo a los que más tienen en estos tiempos difíciles», según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero, ¿quiénes son esas grandes fortunas?
No existe una definición técnica en Hacienda que determine qué es una “gran fortuna”, por lo que no está claro qué contribuyentes tendrán que pagarla. Actualmente, la riqueza se grava con el impuesto sobre el patrimonio, que está cedido a las comunidades autónomas y lo pagan quienes tienen un patrimonio superior a 700.000 euros, una vez restados los 300.000 euros exentos como máximo del valor de la vivienda habitual.
La Agencia Tributaria calcula que afecta a más de 200.000 patrimonios en España, sin embargo, en las comunidades de Madrid y Andalucía no se paga porque está bonificado al 100%. La estimación es que este impuesto a las grandes fortunas permitiría ingresar otros 1.000 millones de euros, según las proyecciones preliminares del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La cifra sale de sumar los 1.200 millones que se lograron con el impuesto sobre el patrimonio, más los 1.100 millones que no se pagan porque no se paga en Madrid. En esta comunidad hay unos 20.000 declarantes de este impuesto, con un patrimonio medio de 10,3 millones, que se benefician de esta bonificación del 100%.
A qué patrimonios podría afectar
Es difícil de saber, como hemos visto. La población española de millonarios era de 1,132 millones de personas en 2021, 17.000 menos que en 2020, según un informe sobre la riqueza mundial elaborado por el banco Credit Suisse. Esos 1,132 millonarios españoles son aproximadamente el 2,3% de los 47 millones de personas que viven en España, pero también son el 2% del total de millonarios de todo el planeta, según el informe.
Hasta que el Gobierno prepare y desvele su propuesta de impuesto a las grandes fortunas, Podemos utilizará los comunicados de Unidos Podemos para aumentar la presión fiscal sobre los millonarios. En junio, el partido defendió un nuevo impuesto para los ricos que tengan más de 10 millones de euros de patrimonio. Este impuesto se incrementaría en ocho tramos diferentes que irían desde el 3,6% hasta el 5%, nivel máximo que se aplicaría a los que tienen más de 150 millones.
Otro de los planes de Podemos era un impuesto del 2% para los patrimonios de 1 millón de euros, del 2,5% para los de más de 10 millones, del 3% para los de más de 50 millones y del 3,5% para los de más de 100 millones. Mientras tanto, otra opción para gravar estas «grandes fortunas» podría ser empezar a gravar a los que tienen más de 700.000 millones, que son los que actualmente deben declarar su patrimonio.
A qué multimillonarios afectará
La ministra Montero ha dicho que el nuevo gravamen, que entraría en vigor en enero de 2023 y lo haría de forma temporal, afectaría al 1% de los ciudadanos. Por tanto, el número de ricos al que afectaría debería ser inferior a los 1.132 ricos que hay en España, según Credit Suisse, ya que son alrededor del 2,3% de la población total. Se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles para aclarar cuáles serían los potenciales contribuyentes y cómo tributarán por sus grandes fortunas.
Sin embargo, hay una serie de multimillonarios a los que seguro les afectará, como los incluidos en la lista Forbes de los 100 más ricos de España. Algunos de ellos son Amancio Ortega, con un patrimonio de 67.000 millones o su hija Sandra Ortega, con 6.300 millones. Son las dos personas más ricas del país por su participación en Inditex, pero también gracias a sus oficinas familiares Pontegadea y Rosp Corunna, propiedad de Amancio y Sandra respectivamente.
Otros que tendrán que pagarlo son Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial (€3.800 M); Juan Roig, presidente de Mercadona (€3.700 M); Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (€2.700 M); Juan Abelló, presidente de honor de Torreal (€2.500 M), Alicia Koplowitz, propietaria de Omega Capital (€2.300 M), Hortensia Herrero, accionista de Mercadona y mujer de Juan Roig (€2.300 M), María Del Pino y Calvo-Sotelo, presidenta de la Fundación Rafael del Pino (€ 2.200M); y Daniel Maté, accionista de Glencore (€ 2.220M).
