Hemos visto las orejas al lobo (léase lobo como inflación de doble dígito) y —aunque la fiera parece haberse ido a acechar otros gallineros económicos— seguimos notando su hálito, cargado de un temor e incertidumbre que serán difíciles de disipar a corto plazo. Los precios siguen en niveles muy altos —disparados en el caso de la energía y las materias primas— y, según todas las previsiones, solo comenzarán a contenerse hacia finales de año (aunque a partir de este mes de junio ya debería empezar a desinflamarse la factura de la luz de los usuarios acogidos a la tarifa regulada –o PVC–, tras la aplicación del tope al precio del gas que España y Portugal han negociado en Bruselas). La medida servirá para adelgazar un abultado IPC que está contribuyendo al menor ritmo de crecimiento de la economía, ya constatado no sólo en España, sino entre los grandes socios comunitarios como Francia o Alemania y también en EE UU, que se contrajo un 1,4% en el primer trimestre. En tal acoplamiento de factores mete baza de lleno la guerra de Ucrania, que vino a agravar unas tensiones inflacionistas ya existentes y cuya impredecible duración continúa condicionando las perspectivas de recuperación (haberlas, haylas).

Estanflación, una y no más

Pese a este escenario no falto de tribulaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España y el Gobierno descartan el riesgo de estanflación, ese cóctel de inflación elevada y estancamiento económico que España probó amargamente en los años 70. «Estamos ante el mayor shock de precios energéticos de los últimos 50 años», explica a FORBES Daniel Fuentes Castro, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares y director de KREAB Research. «La economía mundial no vivía algo así desde la crisis del petróleo de los 70. Sin embargo, esto no significa que estemos inmersos en un escenario de estanflación». La presidenta del BCE, Christine Lagarde, asegura incluso que no contempla este contexto en la zona euro ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024.

Nos hallamos ante el mayor shock de precios energéticos en medio siglo. No se veía algo así desde la crisis del petróleo

«El escenario central es el de la ralentización, no estanflación, y retorno de la inflación a la normalidad a finales de 2023«, comenta a FORBES, la economista sénior de Funcas María Jesús Fernández, que habla de otros dos escenarios alternativos. Uno de ellos contempla «mayores tensiones geopolíticas, falta de suministro, mayores precios de las materias primas, mayor inflación y estancamiento o incluso recesión». Mientras que el otro marco podría ser el de la próxima resolución del conflicto, aunque eso no significa que las sanciones desaparezcan. «Las tensiones en los precios no aumentarían, pero tampoco desaparecerían completamente, aunque las perspectivas serían mejores», reclama.

Recuperación a pesar de la guerra

El frenazo es inevitable. Ya se ha notado en los tres primeros meses del año, con un crecimiento del 0,3% del PIB, casi dos puntos menos que los últimos tres meses de 2021. Un avance timorato en el que ha pesado especialmente el desplome del consumo de los hogares porque, con un poder adquisitivo erosionado por la subida de los precios, el gasto de las familias se hundió un 3,7%, según el INE. De enero a marzo, también tuvieron su impacto la huelga de transportistas y el embiste de la variante ómicron.

Con la guerra y la crisis energética de por medio, a estas alturas todos los organismos ya han descontado la ralentización de la economía y han recortado drásticamente sus proyecciones. Una de las últimas en hacerlo ha sido la Comisión Europea, que ha rebajado la previsión de crecimiento de España hasta el 4% en 2022 y hasta el 3,4% en 2023. El avance del PIB español que prevé Bruselas para este año supera el crecimiento del 2,7% que proyecta para el conjunto de la zona euro, pero se queda por debajo del 4,3% estimado por el Gobierno español o la AIReF. Otras horquillas se mueven entre el 4,5% pronosticado por el Banco de España y el 4,8% que prevé el FMI. Desde Caixabank Research estiman que “el conflicto en Ucrania puede suponer un choque de 1,3 p. p. sobre el crecimiento anual (hasta el 4,2%). El aumento del precio de la energía explica 0,8 de los 1,3 p. p. El resto puede atribuirse al resto de canales: la mayor incertidumbre, el canal comercial o las disrupciones en las cadenas de suministros”.

Baños fríos de realidad que, en todo caso, siguen sin congelar el crecimiento para España. De cumplirse los cálculos de la Comisión Europea, la economía española sería la cuarta de la UE que más crecería en 2022, por detrás Irlanda, Malta y Portugal. “Aunque las previsiones se estén revisando a la baja, seguimos hablando de tasas notables. El aumento de los precios está haciendo mella en el consumo de los hogares, pero la economía española cuenta con una inercia significativa tras la crisis del covid, con la recuperación del turismo internacional y con el impacto de los fondos Next Generation, que debería de empezar a notarse desde este mismo año”, analiza Daniel Fuentes Castro.

Los precios han tocado techo, pero seguirán altos

La inflación interanual se desbocó en marzo hasta su nivel más alto en 37 años, un precipicio de un 9,8% que nos dejó al borde de los aterradores dos dígitos y a una distancia abismal del objetivo del 2% marcado por el BCE. Desde entonces, la tasa se ha ido moderando y los expertos creen que ya hemos tocado techo. Sin embargo, alertan de que el IPC seguirá en niveles muy altos, “quizá superior al 7% este verano, para moderarse al 4% o 5% en los últimos meses del año.

Actualmente, las distintas previsiones apuntan a que, en el promedio de 2022, «la inflación media podría situarse en el entorno del 7%, con una corrección notable en 2023 hacia el 3% en promedio anual”, detalla el director de KREAB Research. Sin distar mucho, en las proyecciones macroeconómicas que el Banco de España revisó al alza en primavera, el IPC medio de 2022 despunta hasta el 7,5%, frente al 3,1% registrado en 2021. Bruselas, en cambio, es ligeramente más optimista al situar el promedio del año en el 6,3%, por debajo de la media comunitaria del 6,8%.

Si el conflicto de Ucrania no sufre más escaladas o incluso declina en
su intensidad, los precios de la energía se relajarían, suavizando la inflación de forma notable

Más allá de la inflación general, otro indicador a escudriñar es el de la inflación subyacente, aquella que se calcula excluyendo los precios de la energía y de los alimentos no elaborados, que son particularmente volátiles. Según el INE, en abril esa cifra subió un punto, hasta el 4,4% interanual (último dato consolidado del que disponemos en el momento de la elaboración de este reportaje). Es la tasa más alta desde diciembre de 1995, una señal de que la subida de precios se ha contagiado al resto de la cesta de la compra. El catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá, Juan Ramón Cuadrado-Roura, asegura a Forbes que “el riesgo de la inflación está en la evolución de la subyacente, que nos indica la resistencia de la inflación a reducirse”. El Banco de España prevé que se vaya moderando gradualmente hasta cerrar el ejercicio con una media del 2,8%.

En todo caso, coinciden los analistas en que los movimientos en los precios vendrán determinados en gran medida por el desarrollo de la invasión rusa de Ucrania y por la intensidad de su impacto sobre los precios energéticos y la existencia o no de efectos de segunda ronda que prolonguen las presiones inflacionistas. “Si el conflicto no sufre una escalada o hay una desescalada, y esto se traduce en una relajación de los precios de la energía, la disminución de la inflación puede ser muy significativa y el crecimiento volvería a ganar fuerza”, sostienen desde CaixaBank Research.

Pacto de rentas o cómo repartir el golpe de la inflación

El aumento del coste de la vida está impactando severamente sobre la renta de las familias, especialmente las más vulnerables, que han visto mermado su poder adquisitivo al mantenerse congelados sus salarios o aumentar muy poco. Entre enero y abril, los sueldos pactados en convenios colectivos subieron un 2,4% de media, mientras que el promedio de la inflación durante ese mismo período se elevó hasta el 7,9%. Según cálculos de Funcas, la inflación restará 16.700 millones de euros a la renta de los hogares.

Por contra, actualizar las nóminas conforme al IPC general puede avivar los llamados efectos de segunda ronda y acabar generando un bucle inflacionario. “Desgraciadamente, las crisis no se resuelven a coste cero. Lo más importante es no alimentar una espiral de precios y repartir el coste entre todos. Esto significa que es necesario repartir equitativamente esa pérdida, protegiendo especialmente a los más vulnerables, y determinar la manera de recuperarla en el medio plazo, cuando la economía haya recobrado sus constantes vitales. Sería deseable un compromiso de recuperación del poder adquisitivo a, digamos, tres años vista”, razona Fuentes Castro. El encaje de bolillos debería encargarse de resolverlo un pacto de rentas con unas cláusulas de revisión salarial que distribuyan el golpe de la inflación entre trabajadores y empresarios. “Este será absolutamente clave para doblegar la tendencia inflacionista y evitar que incluso pueda aumentar”, subraya Juan Ramón Cuadrado Roura. “Lo adecuado sería, como mínimo, vincular los salarios a la inflación subyacente y, por supuesto, es preciso que otras rentas, como los alquileres y los beneficios de las empresas, también se moderen”, insiste. Pero, por ahora, patronal y sindicatos han fracasado en el intento.

En ese reparto de sacrificios, el Banco de España propone incluir a los pensionistas, aunque no a todos. El gobernador del BdE, Pablo Hernández de Cos, plantea que únicamente las pensiones mínimas se revaloricen con el IPC. Mientras que las recomendaciones que hacen desde BBVA Research o Funcas es incluir a todos los pensionistas en el pacto de rentas. Explica María Jesús Fernández que, “de otro modo, al deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores y de los márgenes empresariales, habría que añadir otro impacto: el resultante del aumento de los impuestos o cotizaciones sociales para poder actualizar esas pensiones con la inflación”. Sin embargo, la indexación de todas las pensiones a la inflación media anual está fijada por ley desde enero y el Gobierno descarta cualquier modificación. Con un IPC del 7,5%, el Banco de España estima que la actualización de las pensiones en 2023 costaría unos 12.600 millones de euros, teniendo en cuenta que cada punto de revalorización supone 1.800 millones adicionales a las arcas públicas.

El BCE mueve ficha: tipos de interés, al alza

A punto está el Banco Central Europeo de consumar el giro en política monetaria que lleva meses mentando. La primera subida de tipos de interés podría llegar en julio, “algún tiempo después de que concluyan las compras netas de activos”, ha dicho Christine Lagarde, que sitúa ese final “a principios del tercer trimestre”. El objetivo de la subida de tipos no es otro que aplacar la magnitud e intensidad de la inflación y estabilizar la economía. Cuadrado Roura argumenta que “influirá en una ralentización del proceso inflacionario y, aunque los factores reales de los precios de algunos productos todavía se resistan a bajar, parece indudable que la tasa de inflación flexionará a la baja, aunque no sea de forma inmediata”. Afirman desde CaixaBank Research que “será un proceso gradual que debería llevar los tipos de interés a terreno positivo el próximo año. Esto es lo que ya anticipa el euríbor a 12 meses, que ha cruzado la barrera del 0%”. Y recuerda la economista sénior de Funcas que “nuestro país es uno de los más vulnerables ante la retirada de las medidas de apoyo del BCE, por el riesgo de que se dispare la prima de riesgo”.

La Reserva Federal de EE UU suma ya dos subidas del precio del dinero en lo que va de año. La última fue de medio punto, hasta el 1%, y supuso el mayor incremento en dos décadas. El presidente de la FED, Jerome Powell, contempla aplicar otras dos alzas hasta situar los tipos al 2% para este verano. No obstante, matiza el director de KREAB Research que hay que “distinguir entre el caso de EE UU y el de Europa. Aunque comparten algunas similitudes (por ejemplo, las distorsiones generadas por los cuellos de botella en el comercio internacional), el momento cíclico que atraviesan ambas zonas es diferente, con pleno empleo en EE UU (que ya venía registrando elevadas tasas de inflación con anterioridad a la crisis de precios energéticos), pero no en Europa. Eso hace que el tipo de medidas aplicadas en una y otra economía no tenga que ser exactamente el mismo. Es razonable esperar un comportamiento más duro por parte de la FED, con subidas de tipos más agresivas que las que hará el BCE, que deberá sorber y soplar al mismo tiempo para controlar la inflación sin provocar una recesión en la zona euro”.

La excepción ibérica y el tope al gas

Con la venia de la Comisión Europea, España y Portugal han materializado su “excepcionalidad ibérica” en un mecanismo temporal que fija un tope al precio del gas destinado a la generación eléctrica. Un límite de 50€/MWh de media durante los doce meses que estará en vigor y que busca abaratar la factura de la luz y, por ende, reducir la inflación. De acuerdo con el Gobierno, en España se beneficiarán a partir de junio el 37% de los consumidores domésticos y el 70% de los industriales, y el precio final de sus recibos se rebajará en torno a un 30%. Con estos cálculos, CaixaBank Research estima que la medida podría ayudar a achicar la inflación un punto porcentual en el promedio del año.

Para la economista sénior de Funcas, “será un alivio importante. Aún estaremos en tasas elevadas de inflación, pero no tanto, lo que además reducirá el riesgo de traslado hacia los salarios y, por tanto, de cronificación”. Como “medida de contención francamente esperanzadora” la califica el profesor de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, que cree además que “deberíamos ver pronto sus efectos, a la espera de poder abordar el fondo de la cuestión, que es la reforma del sistema de fijación del precio de la electricidad. No cabe descartar que, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, la UE acabe moviéndose en la dirección que España viene señalando desde el verano pasado”.