El Congreso de los Diputados ha ampliado el estado de alarma, decretado el 14 de marzo para gestionar la crisis del coronavirus y prorrogado en tres ocasiones, hasta el próximo 24 de mayo.

Aunque ha superado el umbral de la mayoría absoluta, sumando 178 votos, esta nueva ampliación ha cosechado menos apoyo que las anteriores puesto que el PP se ha pasado a la abstención y Esquerra Republicana (ERC) al bloque del ‘no’.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención este miércoles, 6 de mayo, en el Pleno del Congreso, ha defendido la importancia de extender el estado de alarma por razones sanitarias, económicas y sociales.

Asimismo, Sánchez ha recordado que si hace siete semanas y media la propagación del virus crecía diariamente un 35%, esa tasa es ahora del 0,31%, y ha asegurado que el resto de indicadores también demuestran, “con toda la prudencia”, que la enfermedad está siendo controlada y el sistema sanitario ya no está colapsado.

Esa mejora se ha conseguido con muchos sacrificios y avanzando juntos y también gracias al estado de alarma. Tras esa victoria parcial, España puede plantearse la fase de desescalada, que requiere de ese mismo instrumento legal porque es el único que permite cegar las vías de contagio del virus cuando todavía conserva buena parte de su potencial letal”, según ha argumentado.

Sánchez ha insistido en que frenar la propagación del virus “exige limitar durante unas semanas más el derecho a la libre circulación y el derecho de reunión, con el objetivo último de salvar vidas y garantizar la salud pública”.

Además, ha señalado que esas restricciones, “aunque cada vez sean menos severas, solo son posibles con el estado de alarma, la herramienta constitucional pensada para luchar contra pandemias y emergencias sanitarias”.

Las Comunidades Autónomas tendrán más protagonismo

El presidente del Gobierno ha afirmado que la desescalada se abordará con prudencia y desde la unidad y ha pedido a la ciudadanía que extreme su responsabilidad.

Sobre este proceso, ha destacado que será cogobernado por el Ejecutivo y las comunidades autónomas. “Aunque las validaciones últimas dependen del Ministerio de Sanidad y de la evolución del virus, el proceso es adaptable y participativo y las comunidades autónomas tendrán un papel protagonista”, ha apuntado.

En concreto, el jefe del Ejecutivo, que ha abogado por la cautela en cada una de sus cuatro fases de aplicación, ha detallado que las comunidades remitirán a Sanidad sus propuestas, indicando los territorios que cambian de fase, las medidas que van a adoptar, un análisis de las capacidades estratégicas del sistema sanitario y de la evolución epidemiológica y cualquier aspecto económico, social o de movilidad relevante.

Entre los requisitos que deberán cumplir, figuran la capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y dos camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes y la actualización del panel de indicadores sobre su situación. Sanidad estudiará con cada comunidad la propuesta planteada y se adoptará una decisión, preferentemente de manera consensuada. Además, las comunidades tendrán capacidad interpretativa de las órdenes que se dicten.

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