El Gobierno aprobó el pasado viernes, 29 de mayo, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación de la Seguridad Social, que va acompañada de estrategias de inclusión focalizadas, según informó el Ejecutivo.

El IMV, que será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

El Ejecutivo estima que esta prestación llegue a 850.000 hogares, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños.

También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer.

Por otro lado, el nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales.

El Ejecutivo prevé que el IMV tenga un coste de unos 3.000 millones de euros al año, sea compatible con otras ayudas, que incentive la incorporación al mercado de trabajo y contemple itinerarios de inserción.

Decisión estudiada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, acordaban a mediados de abril poner en marcha en el mes de mayo el IMV en el que ha trabajado el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá, con la colaboración del departamento del líder de Unidas Podemos.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, era quien confirmaba esta decisión sin especificar detalles porque no le gusta anticipar ninguna cuestión que no esté determinada, ya acotada y que “el Gobierno conozca en su totalidad”.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, avanzaba el 15 de abril que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales, es decir, entre 90.000 y 100.000.

Escrivá explicaba que la renta mínima tendrá un “itinerario de inclusión” que pondrá especial atención en la situación de las familias y no del individuo, porque su objetivo es “llegar a los umbrales de protección” según la estructura de cada hogar, incluidos los monoparentales.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración explicó, además, que será “complementaria” a las ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas y ayudarán a acabar con la “pobreza extrema” que viven muchas familias del país. De hecho, ha indicado que el porcentaje de España en este sentido, es “de los más altos de Europa”.

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