PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
Una treintena de representantes de varias administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales ha participado este miércoles en la primera reunión del grupo específico en materia de movilidad creado en el seno de la Mesa de Lucha contra el intrusismo y en la que se han presentado las medidas legislativas recientemente aprobadas.
En el encuentro, según ha explicado en una nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha expuesto los ejes de actuación y las nuevas medidas legislativas, con un refuerzo de la capacidad para actuar contra la oferta irregular de buses y minibuses en zonas de alta demanda como los aeropuertos.
En esta materia, el Govern trabaja en tres ejes principales de actuación. En el ámbito normativo, con el paquete de nuevas medidas legislativas ya en vigor presentadas en la Mesa, entre otras para reforzar la capacidad de inspección y sanción ante actividades ilegales, especialmente en los aeropuertos, puertos y otras zonas de alta demanda.
Igualmente, en la coordinación institucional y la colaboración con los diferentes agentes implicados, para acordar protocolos comunes de inspección, así como en la mejora de la formación, dirigidas principalmente a policías locales y técnicos de movilidad de los ayuntamientos.
Entre los puntos tratados, la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha destacado el trabajo conjunto para contar con planes de acción coordinada y protocolos comunes de inspección, en colaboración con los ayuntamientos, las policías locales y la Guardia Civil de Tráfico, para facilitar la detección y sanción de actividades irregulares en el ámbito del transporte.
Asimismo, ha incidido en la mejora de la formación, para dar continuidad a las actividades formativas realizadas en la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), con técnicos de movilidad y dirigidas a policías locales, e impulsar nuevos planes de formación con ayuntamientos, policías locales y Guardia Civil de Tráfico.
En este grupo de trabajo, que da continuidad al trabajo previo de la comisión existente contra el intrusismo en el transporte terrestre, el Govern ha informado de los avances en el desarrollo de las diferentes iniciativas.
En primer lugar, las nuevas medidas legislativas para reforzar la capacidad de inspección y sanción para hacer frente a las actividades ilegales en el transporte de viajeros, especialmente en los aeropuertos, puertos y zonas de alta demanda, y actuar contra la captación ilegal de clientes y los servicios no autorizados de transporte.
En concreto, una de las medidas ha sido prohibir el estacionamiento de minibuses y autobuses no precontratados en espacios como, por ejemplo, aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público.
Además, el estacionamiento irregular de autobuses y minibuses en estas zonas se considerará infracción muy grave y podrá comportar multas de entre 1.001 y 6.000 euros. Hasta ahora, esta conducta no estaba regulada de forma específica y no implicaba sanción.
Entre otras novedades, presentadas en la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, los cambios normativos también incluyen un aumento del importe de las sanciones, con multas de entre 6.001 y 12.000 euros, por captación ilegal de clientes por parte de minibuses y autobuses fuera de las oficinas de la empresa transportista.
Con esta misma cuantía, también se han fijado las sanciones en el caso de vehículos con conductor (VTC), por captar clientes en la vía pública o prestar servicio sin autorización, actuaciones que pasan a ser consideradas infracciones muy graves.
El Govern ha impulsado esta modificación legislativa tras haber aprobado este año el primer reglamento autonómico que regula los servicios de taxi y VTC, que desarrolla la Ley 14/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible del archipiélago, 12 años después de su entrada en vigor.
El reglamento también refuerza la obligación de contratación previa de los VTC e incorpora criterios objetivos para limitar nuevas autorizaciones en función de los niveles de congestión viaria o de calidad del aire, entre otras medidas.
Han asistido a la reunión representantes de diferentes departamentos del Govern, la Delegación del Gobierno central en las Islas, los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma, otros organismos como Aena y la Autoridad Portuaria de Baleares, cuerpos de seguridad como la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Palma, así como de las organizaciones empresariales CAEB y Pimeb, distintos representantes sectoriales de la Federación Balear de Transporte Terrestre (FEBT) y de las asociaciones del sector del taxi en las islas, los sindicatos UGT y CCOO, y la Asociación de Consumidores y Usuarios (Consubal), entre otros.