PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el real decreto aprobado este lunes por el Consejo de Ministros y que abre la puerta a revisar la indemnización por residencia de los funcionarios de la Administración Estatal en Baleares.
La revisión está contemplada en una disposición adicional del texto, que se refiere a las medidas relativas al régimen de la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas.
La disposición adicional tiene por objeto habilitar un proceso de revisión de seis meses de las cuantías de la indemnización por residencia en Baleares, asegurando su adecuación a la situación actual mediante un procedimiento que, respetando los principios de negociación colectiva, permita una actualización efectiva y coherente con las necesidades del servicio público.
Asimismo, se garantiza expresamente que dicha revisión no podrá implicar una disminución de las cuantías actualmente percibidas, en coherencia con los principios aplicados en precedentes normativos análogos.
El texto recoge que la indemnización por residencia constituye un complemento retributivo de naturaleza estatutaria dirigido a compensar las especiales condiciones derivadas del destino en determinados territorios, fundamentadas en circunstancias objetivas tales como la insularidad, los costes diferenciales de vida, las dificultades de movilidad geográfica y, en general, las condiciones estructurales del mercado de vivienda y de bienes y servicios.
En el caso de las Islas, dichas circunstancias presentan en la actualidad una «intensidad singular», afectando de manera directa a la capacidad de las Administraciones Públicas para garantizar la adecuada provisión y estabilidad de los servicios públicos, algunos esenciales, especialmente en sectores con alta movilidad o dificultad de cobertura.
El texto legal señala igualmente que la persistencia de un desajuste significativo entre el coste efectivo de la residencia en Baleares y la compensación prevista a través de los actuales mecanismos retributivos no constituye únicamente una cuestión de política de personal, sino que «incide de manera directa en la capacidad real de las Administraciones Públicas para garantizar la prestación continua, estable y de calidad de los servicios públicos».
El real decreto argumenta que las dificultades crecientes para atraer, retener y estabilizar efectivos en determinados ámbitos, especialmente en aquellos que requieren cualificación específica o presentan altos niveles de rotación, pueden derivar en déficits estructurales de personal, incrementos de la temporalidad no deseada o sobrecargas organizativas que afecten al funcionamiento ordinario de los servicios.
Todo ello puede traducirse, en última instancia, en una merma de la calidad, accesibilidad y continuidad de prestaciones esenciales para la ciudadanía.