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El GOB y vecinos de Son Sardina exigen paralizar el traslado de residuos de Eivissa hasta que haya información pública

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PALMA, 30 (EUROPA PRESS)

El GOB y la Asociación de Vecinos de Son Sardina han reclamado este martes al Consell de Mallorca que suspenda el plan piloto para trasladar residuos de Eivissa a Mallorca hasta que haya «información pública completa» al respecto.

Según ha explicado la portavoz de la asociación vecinal, Agustina Fernández, ambas entidades también exigen una evaluación de impacto ambiental y sanitario y la apertura de un proceso de participación ciudadana con los barrios y municipios afectados.

Reclaman que los 50 millones de euros previstos por el Govern para esta operación se destinen a implantar sistemas de recogida selectiva puerta a puerta en Eivissa y Formentera, en lugar de financiar el transporte de residuos, y piden crear una comisión de seguimiento integrada por entidades ecologistas, vecinales y representantes de Son Sardina para supervisar el proyecto.

Por último, solicitan elaborar un plan director de prevención y gestión de residuos en Eivissa que priorice la prevención, la reutilización y el reciclaje y evite que el traslado de residuos a Mallorca se convierta en una solución permanente.

Las entidades han recordado que el pasado 11 de junio interpusieron un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación del contrato para el traslado de residuos al considerar que el procedimiento se tramitó mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Según han indicado, el recurso fue admitido a trámite el 16 de junio por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Palma.

En este sentido, han asegurado que se reservan la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales contra las decisiones administrativas que puedan adoptarse en relación con este proyecto si consideran que vulneran los principios de proximidad, autosuficiencia y jerarquía en la gestión de residuos.

Durante la rueda de prensa, las entidades han cuestionado que el proyecto pueda calificarse como una «prueba piloto». A su juicio, el contrato prevé un presupuesto y unas condiciones que apuntan a una solución con vocación de continuidad y no a una actuación de carácter temporal.

Además, han sostenido que el objetivo del proyecto es trasladar a Mallorca la práctica totalidad de la fracción resto generada en Eivissa y han considerado que la urgencia alegada para ponerlo en marcha no está justificada, al entender que el vertedero de Ca na Putxa todavía dispone de capacidad suficiente mientras se desarrollan alternativas para mejorar la gestión de los residuos en la isla.

Las entidades también han advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría la importación de residuos para Mallorca. Entre ellas, han señalado el riesgo de que el transporte a granel incremente la posibilidad de accidentes, vertidos, malos olores y otras molestias para la población.

Asimismo, han alertado de que la incineración de los residuos procedentes de Eivissa podría aumentar la generación de escorias y cenizas y reducir la vida útil del depósito destinado a estos materiales en Mallorca, además de comprometer parte de la capacidad de reserva de la planta de Son Reus durante los periodos de mantenimiento de las líneas de incineración.

Ambas entidades han anunciado que impulsarán nuevas acciones informativas y de movilización ciudadana para intentar frenar el proyecto y han señalado que su campaña cuenta ya con el apoyo de una veintena de entidades, principalmente de carácter ecologista y vecinal.

El representante de la Asociación de Vecinos de Sa Garriga, Joan Mateos, ha asegurado que con estar reclamaciones no se busca perjudicar a Eivissa, sino asegurar que cuente con un plan de gestión de residuos propio «en vez de priorizar el transporte a granel.