El paquete de 22,5 millones se aprobará la semana que viene en un pleno extraordinario y entrará en circulación en mayo
PALMA, 25 (EUROPA PRESS)
El Consell de Mallorca ha considerado que es «muy razonable» exigir cinco años de residencia legal para poder optar a las ayudas sociales del paquete de medidas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán.
Así se ha expresado este sábado el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, al ser preguntado al respecto durante su visita a la Fira de la Gent Gran celebrada en Porreres.
Bosch ha celebrado que «al fin» la semana que viene se podrá aprobar, en un pleno extraordinario, las partidas económicas del escudo social movilizado por la institución para paliar las consecuencias de la escalada bélica.
La exigencia de un mínimo de cinco años de residencia legal –inicialmente iban a ser tres, pero se ha aumentado– solo afectará a los nueve millones de euros procedentes que se destinarán al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que gestionará las ayudas de carácter social.
Esos nueve millones, a su vez, forman parte de un paquete de 22,5 millones de euros –inicialmente iban a ser 17,5, pero se aumentará la cuantía– procedentes de remanentes de tesorería que se destinarán a paliar los efectos derivados del conflicto bélico en Oriente Medio.
Esta partida, que previsiblemente se aprobará al menos con los votos del PP y de Vox la semana que viene, se sumará a los 12,6 millones de remanentes aprobados a inicios de abril y a los 53,5 millones de euros en obra pública que ya estaban previstos en las cuentas de este año.
Con todo, el paquete de ayudas rozará los 90 millones de euros y podría entrar en circulación a partir del próximo mes de mayo, una vez supere el trámite de exposición pública.
«Creo que ha valido la pena demorar un poco, pensar los procedimientos, que son más complejos de lo que parecen, y llegar a acuerdos», ha dicho el conseller insular de Hacienda.
EN MEDIO DE UN DEBATE NACIONAL
Estas negociaciones, ha reconocido Bosch, se han producido mientras se producía un debate a nivel nacional acerca del concepto de «prioridad nacional» incorporado por los de Santiago Abascal en los acuerdos de investidura firmados con el PP en Extremadura y Aragón.
«Nosotros estamos en la línea de aquello que aprueba el Govern, el Parlament y otras comunidades, sean del PP, de Vox o de cualquier otro partido. Y si miramos la legislación europea, encontramos que es normal que si pretendes llegar a la gente que vive, trabaja y debe soportar estos incrementos de precio se pida un arraigo», ha sostenido.
La exigencia de cinco años de residencia legal, ha defendido el conseller insular, permitirá que las ayudas lleguen «a quienes hacen un esfuerzo para pagar sus impuestos y hacer que el sistema social se mantenga».
«Creo que hemos llegado a una solución razonable dentro de lo que podemos hacer en nuestro ámbito. Me parece que esta propuesta de cinco años es muy razonable. Hay quienes puede ser que exigirían más, otros menos, pero nos parece una solución adecuada en estos momentos», ha subrayado.
Bosch, en cualquier caso, ha defendido que el Consell de Mallorca también dispone de líneas de ayudas dirigidas a personas que han llegado hace poco tiempo a la isla y se encuentran en «dificultades». «Somos más solidarios que nadie», ha sentenciado.