
PALMA, 30 (EUROPA PRESS)
El Consell de Govern ha aprobado el decreto que desarrolla la ley de polígonos industriales de Baleares, que establece los instrumentos para mejorar el funcionamiento de estos espacios, reforzar la colaboración público-privada y favorecer la competitividad de las empresas que desarrollan allí su actividad.
Así lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha señalado que este decreto responde únicamente al desarrollo de la ley y que no contempla ningún proyecto concreto.
Costa ha detallado que el decreto regula las entidades de gestión y modernización (EGM) y las de carácter colaborativo (EGMC), así como los procedimientos para obtener este reconocimiento.
Estas entidades facilitarán la coordinación de los agentes implicados en la gestión de los polígonos para «impulsar mejoras en las infraestructuras, los servicios y el mantenimiento». En el caso de las EGMC, la colaboración con el ayuntamiento se articulará mediante un convenio.
La norma también regula el registro autonómico de estas entidades, que será único para Baleares, con acceso público a los datos básicos y con las garantías de protección de datos personales.
Otro de los instrumentos que desarrolla es el sistema de información integrado de las áreas de promoción industrial, que incluirá datos sobre la superficie, situación urbanística, accesos, servicios y equipamientos, así como indicadores de calidad y sostenibilidad. El objetivo, ha señalado el Govern, es facilitar la toma de decisiones, mejorar la planificación y favorecer la atracción de inversiones.
El decreto también concreta los requisitos y el procedimiento para obtener el reconocimiento de municipio industrial estratégico. Los municipios que podrán optar a ello son los que cuenten, como mínimo, con un área de promoción industrial o que esté en tramitación y que hayan aprobado beneficios fiscales para las empresas que se instalen allí o ya estén establecidas, entre otros requisitos.
Esta declaración dará acceso prioritario a fondo públicos y programas específicos de apoyo, así como la posibilidad de acceder a ayudas sin concurrencia competitiva en los supuestos previstos en la normativa de subvenciones. Además, los ayuntamientos reconocidos tendrán que resolver en la mitad del plazo legal los trámites de su competencia relacionados con la puesta en marcha, reforma o ampliación de actividades industriales.
Finalmente, la norma crea el sistema de calidad de las áreas de promoción industrial, que contemplará criterios sobre infraestructuras y servicios como el alumbrado, el abastecimiento de agua, la limpieza, las telecomunicaciones o la movilidad. También incorporará la gestión de incidencias, el seguimiento de resultados y la satisfacción de las empresas, con el objeto de impulsar la mejora continua de estos espacios.

