PALMA, 27 (EUROPA PRESS)
El Parlament ha rechazado una propuesta para que la nueva ley agraria elimine las disposiciones que permiten nuevas construir en suelo rústico y que se pueda hacer un inventario de las tierras en desuso para poderlas movilizarlas, mediante un banco de tierras.
Estas son algunos de los puntos que contenía la moción defendida este martes en el Parlament por la diputada del PSIB Malena Riudavents, que ha resultado rechazada por los votos 28 votos en contra de PP, Vox y parte del Grupo Mixto, frente a los 22 votos favorables de PSIB, MÉS per Mallorca y la otros miembros el Grupo Mixto.
En la iniciativa se planteaba que al Govern que incorporase al proyecto de ley agraria un modelo definido que sitúe en el centro al campesinado profesional y las explotaciones agrarias prioritarias.
Este se tendría que orientar a hacer rentable la producción de alimentos de calidad, reducir la dependencia alimentaria exterior, preservar la tierra productiva y garantizar el relevo generacional, con objetivos evaluables e instrumentos de apoyo que permitan el cumplimiento.
Por otra parte, se reclamaba que se garantizase una prioridad efectiva al campesinado profesional y de las explotaciones agrarias prioritarias en el acceso en la tierra, al agua, a las ayudas y a las medidas de fomento, con especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales y familiares.
Aquí se valoraría la renta agraria, el trabajo generado y la producción real, para corregir los requisitos que las excluyan «injustificadamente» por razón de superficie.
Además, se solicitaba que se eliminaran las disposiciones que habilitaran o facilitaran nuevas construcciones en suelo rústico. Estas se habrían de orientar a las necesidades de las explotaciones al rehabilitar y reutilizar el patrimonio edificado existente, para preservar el destino agrario e impedir que las contrapartidas agrarias sirvan para justificar nuevos usos residenciales o turísticos.
Al mismo tiempo, se ha pedido que se garantice que las edificaciones existentes o regularizadas para usos agrarios mantengan este destino y no se reconviertan en viviendas, alojamientos turísticos u otros usos desvinculados de la actividad agraria. Esto se conseguiría con mecanismos efectivos de inspección y restablecimiento de la legalidad.
Otro de los puntos consistía en la supresión del proyecto de ley agraria la regulación de las agroestancias, incluidas la reserva de plazas turísticas y las bonificaciones para adquirirlas. En su lugar, se plantea que se impulse la transformación y venta de alimentos.
La iniciativa del PSIB solicitaba preservar las actividades complementarias de las explotaciones a explotaciones de titularidad de agricultores profesionales o calificadas como prioritarias. También las contempla para las cooperativas agroalimentarias y otras fórmulas asociativas vinculadas a estas explotaciones, al garantizar que contribuyan a su viabilidad, con una vinculación efectiva con la actividad agraria y no comporten la sustitución. Esta vinculación se haría anualmente y su pérdida tendría que determinar el cese de la actividad complementaria.
Asimismo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural debía coordinarse con los Consells insulares, para aprobar un plan de adaptación del sector agrario al cambio climático, con una dotación presupuestaria y objetivos evaluables por isla.
Para este cometido se revisaría la recuperación de la fertilidad de los suelos, la producción ecológica, las variedades locales, las razas autóctonas y la investigación aplicada, junto con la garantía del asesoramiento y transferencia de conocimiento a las explotaciones.
Este colaboración entre la Conselleria y los Consells insulares debía servir para elaborar un inventario de tierras cultivables en desuso y a poner en marcha un programa de recuperación y movilización voluntaria de estas tierras mediante bancos de suelos operativos, con financiación, intermediación y garantías para propietarios y campesinos. Así, se priorizaría al campesinado profesional y nuevas personas interesadas en el sector primario.
En su articulado, se reclamaba destinar anualmente un mínimo del cinco por ciento de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible a la producción y distribución de agua regenerada apta para uso agrario y en las redes de riego correspondientes. Para ello, se habría una programación de inversiones por isla que concrete el presupuesto y garantice la calidad, la disponibilidad y la llegada efectiva del agua a las explotaciones.
Por otra parte, se instaba al Govern a establecer compromisos mínimos, cuantificados y verificables de producto local y de producto ecológico local en la compra pública alimentaria, mediante los instrumentos compatibles con la normativa de contratación pública. En estas adquisiciones podrían participar pequeños productores y cooperativas, a los que se exigiría la acreditación del origen y la certificación ecológica durante la ejecución de los contratos.
Igualmente, se pedía que incorporar al proyecto de ley agraria un reconocimiento específico de las cooperativas agroalimentarias y de sus particularidades de participación democrática, gestión y retorno del valor a los socios, coherente con la legislación cooperativa.
Govern, Consells insulares y organizaciones agrarias tenían que acordar un sistema de recogida periódica de los residuos agrarios no peligrosos, especialmente plásticos de invernadero, tubos de riego y embalajes de forrajes, con una periodicidad adaptada a las necesidades acordadas con el sector, y con financiación suficiente para garantizar una gestión accesible y ambientalmente adecuada.
También se reivindicaba refuerzo de la protección de los terrenos cultivables ante la implantación de parques fotovoltaicos convencionales, para priorizar su colocación en cubiertas y terrenos degradados sin valores ambientales, al evitar que las compensaciones agrarias sirvan para justificar, por sí solas, la pérdida de suelo productivo.
Por último, la Conselleria tenía que reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres del mundo rural y garantizar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades, mediante medidas específicas que facilitaran el acceso a la tierra, a las ayudas, a la financiación y a la formación.
Esto se tendría que hacer con un impulso de la titularidad compartida de las explotaciones y el reconocimiento jurídico y económico de su trabajo, al promover su participación en los órganos de decisión agrarios y cooperativos, con garantías en los servicios de conciliación, cuidados y sustitución.