PALMA, 12 (EUROPA PRESS)
Las organizaciones ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB Mallorca, OceanCare y WWF han presentado una serie de alegaciones a la modificación del decreto de protección de los cetáceos, con las que buscan la reducción de la velocidad de las embarcaciones, entre otras cuesiones.
Las entidades han advertido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cualquier modificación que reduzca el alcance actual del Real Decreto 1727/2007, ya sea en cuanto a las zonas donde se aplica o a las medidas de protección que prevé, vulneraría el principio de «no regresión al debilitar, sin justificación, la protección vigente de los cetáceos».
En un comunicado, el GOB ha resaltado que este decreto es uno de los «pocos instrumentos legales» en España que aplica de manera específica las obligaciones derivadas de la Directiva Hábitats para la protección estricta de los cetáceos.
«Su existencia es fundamental para garantizar la conservación de estas especies en las aguas españolas, especialmente en un contexto de presión antropogénica creciente», han recalcado.
Las organizaciones recuerdan que este decreto crea el llamado Espacio Móvil de Protección de Cetáceos, una figura innovadora y esencial para garantizar la conservación de estos animales, que se divide en cinco zonas diferenciadas, cada una con un nivel de protección adaptado a la distancia respecto de los cetáceos.
Sus disposiciones se extienden a todas las embarcaciones, nacionales o extranjeras, que operen en zonas con presencia de cetáceos y al tráfico marítimo en general, a todas las aguas sometidas a soberanía, derechos soberanos o jurisdicción española, incluida la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Las organizaciones han subrayado que, desde su aprobación, el tráfico marítimo «no ha dejado de aumentar» en todos los segmentos de la flota –mercante, de pasajeros y recreativa–, hecho que «ha incrementado los impactos sobre los cetáceos».
Entre estos impactos se encuentran las colisiones con embarcaciones, la contaminación acústica submarina, la ocupación del espacio, las alteraciones del comportamiento y el riesgo de muerte, que se suman a las presiones ya existentes, como por ejemplo la contaminación y la creciente presión turística y recreativa al litoral.
Asimismo, han recriminado que, en la práctica, la aplicación de esta legislación se ha centrado hasta ahora de manera exclusiva en las actividades de observación de cetáceos, «sin desarrollar suficientemente su aplicación ante otras presiones asociadas a la navegación».
El Ministerio ha abierto la puerta a una posible revisión del instrumento legal «más importante» del régimen jurídico español en materia de protección de las ballenas ante impactos físicos, molestias, daños o muerte. «Este es una normativa pionera y con un gran potencial, un potencial que el Gobierno, desgraciadamente, no ha querido desplegar hasta ahora», han reprochado.
Por eso, estas organizaciones reclaman que en el marco de esta revisión se mantenga su ámbito geográfico y material actual e incorpore, además, medidas concretas que garanticen una «protección efectiva» ante los impactos derivados del conjunto del tráfico marítimo.
Para hacerlo, consideran necesario que la nueva regulación recoja el consenso científico existente y se adapte a la realidad actual, en línea con la evolución seguida por el Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (Accobambs).
Por lo que se refiere al control de la velocidad se aplicaría en todos los hábitats críticos de cetáceos identificados en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), como por ejemplo el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, el mar de Alboran y Canarias.
El motivo es que estas zonas, reconocidas internacionalmente por su importancia ecológica y porque son zonas con una «alta probabilidad de colisiones entre embarcaciones y cetáceos», requieren una «protección reforzada» para minimizar el riesgo de colisiones y garantizar el cumplimiento efectivo del Espacio Móvil de Protección de Cetáceos.
Igualmente, se reclama una mejora de la regulación de la observación de cetáceos, al incorporar las recomendaciones internacionales más recientes de Accobams y desarrollar metodologías que permitan determinar la capacidad de carga de estas actividades, al tener en cuenta el número de embarcaciones, la frecuencia de las visitas, las zonas utilizadas y la presión acumulada sobre los diferentes grupos de cetáceos.
Por otro lado, las entidades ecologistas reivindican un refuerzo de la vigilancia, de los datos públicos y de la capacidad de actuación, mediante la aplicación de sistemas de seguimiento en tiempo real, la creación de bases de datos públicas que permitan comparar la evolución de las presiones y del cumplimiento normativo, un régimen sancionador efectivo y más recursos humanos y técnicos para las administraciones responsables.
Las organizaciones han instado al Ministerio a garantizar que la revisión prevista del decreto no se limite a un «ajuste normativo» sobre algunos aspectos de la actividad recreativa de observación de cetáceos, sino que garantice su «aplicación efectiva» en todas las actividades y embarcaciones que puedan afectar los cetáceos.