El Consell de Mallorca defiende su gestión y no parará ni la revisión de la tarifa ni la aportación de 41 millones a Tirme
PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
MÉS per Mallorca ha aportado un documento que demuestra que la ayuda de 50 millones de euros que el Govern destinó al Consell de Mallorca en el marco del acuerdo para importar los residuos desde Eivissa no permite rebajar la tarifa, como dijo la institución insular, sino solo sufragar los costes inherentes al traslado.
La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha mencionado en el pleno de este jueves una resolución de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía que así lo establece.
Lo ha hecho cuando se debatía una moción presentada por el PSIB para reclamar la paralización del expediente de revisión de la tarifa del tratamiento de residuos sólidos urbanos y de la aportación extraordinaria de 41 millones de euros a la empresa concesionaria del servicio, Tirme.
«Dijeron que traer residuos de Eivissa permitiría bajar la tarifa y ya denunciamos que esta promesa no se cumplía, porque los residuos llegaban pero no había rebaja. Y ahora tenemos un documento del Govern que dice que los 50 millones de euros que recibe el Consell no son para rebajar la tarifa sino para financiar los costes que asume Mallorca y las inversiones de la concesionaria», ha señalado Perelló.
El documento al que se ha referido la portavoz, fechado a 13 de julio de 2026 y consultado por Europa Press, es la resolución de la Conselleria por la cual se aprueba la concesión de la citada subvención directa al Consell de Mallorca.
Estos 50 millones de euros, según recoge la resolución, se deben distribuir de forma proporcional en hasta diez anualidades «con la finalidad de cofinanciar los costes inherentes al tratamiento de residuos procedentes de la isla de Eivissa».
El Govern establece como una de las condiciones para que la ayuda se mantenga a lo largo de los años que la institución insular presente la documentación justificativa de los costes imputados a la finalidad subvencionada, que deben estar vinculados «con la recepción y tratamiento de residuos procedentes de Eivissa» o los costes derivados de las inversiones efectuadas por la concesionaria.
El Consell de Mallorca, en el comunicado que publicó el pasado 7 de julio para anunciar la firma del convenio con el Consell d’Eivissa para iniciar el plan piloto de traslado de residuos, informó de que la reducción del 10% de la tarifa de residuos sólidos urbanos sería posible «gracias a la subvención del Govern».
El 5 de mayo de 2025, cuando la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, anunció la puesta en marcha de la medida, dijo que esta ayuda de 50 millones de euros serviría para compensar a los vecinos de Mallorca y reducir la tarifa de residuos en la isla.
«No es una interpretación de MÉS, la resolución dice que los 50 millones de euros no son un regalo para bajar la tarifa, es dinero destinado a asumir los costes de recibir y tratar en Mallorca los residuos que llegan de Eivissa», ha señalado Perelló este jueves.
«Si estos 50 millones de euros fuesen simplemente para bajar la tarifa, como nos han querido hacer creer, no se exigiría justificar que cada coste imputado está vinculado a la recepción y el tratamiento de los residuos de Eivissa», ha añadido.
Para la ecosoberanista, es «especialmente grave» que esta información se conozca mientras el Consell de Mallorca tramita una aportación extraordinaria de 41,4 millones de euros a Tirme y después de conocer que la Intervención de la institución, en un informe, calificó la concesión como «desfavorable».
«Los mallorquines tienen derecho a saber dónde va su dinero y por qué. No aceptaremos que el PP intente presentar como una rebaja de la tarifa aquello que los documentos oficiales definen como la financiación de los costes provocados por su decisión de importar residuos de Eivissa», ha concluido Perelló.
EL PSIB SEÑALA A UN FONDO
La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha sido la encargada de defender la moción para reclamar la paralización de los expedientes de la rebaja de la tarifa y de la aportación extraordinaria, que ha decaído debido a los votos en contra de la mayoría conformada por el PP y Vox.
La socialista ha recordado que el informe de la Intervención habla de que Tirme podría estar «imputando costes superiores a la tarifa» mientras obtiene «beneficios impropios de un servicio público» y que el análisis de las cuentas generales de 2023 elaborado por la Sindicatura de Cuentas «aprecia una serie de deficiencias» relacionadas con otra aportación extraordinaria, esta de 43 millones.
Estas modificaciones de crédito, que suman 103 millones de euros en los últimos años, «beneficia a un fondo buitre que especula la vivienda», ha sostenido Cladera. Blackstone Infrastructure –«uno de los principales actores de la presión inmobiliaria», ha apostillado la socialista– adquirió a finales de septiembre la empresa Urbaser, que tiene el 80% de las acciones de Tirme.
«Detrás de Tirme está Blackstone, un fondo buitre que hace negocio con la vivienda y que también se beneficia de las decisiones de Galmés», ha criticado la portavoz, quien ha considerado que esa constatación es suficiente para «frenar la tramitación de los expedientes».
Cladera ha sostenido que la tarifa «podría bajar más del 10%», algo que de no revisarse «podría suponer malversación de fondos o prevaricación», y que la ayuda de los 50 millones «que ya han transferido a Tirme» debería ser sometida a fiscalización «porque parece que se ha entregado sin informes».
«Esto está plagado de deficiencias y temas no justificados, y hablamos de mucho dinero público», ha sentenciado.
EL CONSELL DEFIENDE SUS MEDIDAS
El conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha asegurado, en respuesta a las peticiones de los socialistas, que el equipo de gobierno «por supuesto no parara nada». Sobre la mención de MÉS per Mallorca a la resolución del Govern no se ha pronunciado.
Se ha centrado ha rebatido las afirmaciones de Cladera y ha puesto en duda algunas de las cuestiones que aparecen en el informe de la Intervención, como el apartado en el que expone que la tarifa se calcula utilizando un método aproximado.
«No se puede hacer de otra manera porque desde el contrato de 1992 la manera con la que se hace la tarifa es una aproximación. El funcionario, cuando dijo que no se utilizan datos reales, no se lució mucho. Porque no se puede hacer de otra manera», ha señalado, apoyándose en la declaración que un economista del Consell de Mallorca hizo hace años en sede judicial acerca de la forma en la que se calculan las tarifas.
«Se está tarifando correctamente en base al contrato de 1992, que ha sido avalado hasta cuatro veces por el Consell Consultiu con motivo de sus modificaciones. Quiero eliminar cualquier sombra de duda de que lo que hacemos es legal. No hay que mezclar las cosas para hacer creer a la gente que no hacemos las cosas de forma limpia, hacemos lo que ordena la ley y los informes de cada año son positivos», ha defendido.
El dinero, ha aseverado, «se destina a que las familias no paguen más» aunque este se tenga que entregar a la empresa concesionaria del tratamiento de residuos. «No hemos subvencionado a una empresa cualquier, lo que hacemos es una aportación a la concesionaria para mantener la tarifa», ha sentenciado.