PALMA, 4 (EUROPA PRESS)
El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha votado en contra de la adjudicación del nuevo contrato de recogida de residuos, al considerar que «es insuficiente y que generará más problemas que soluciones».
La formación ha sido la única que se ha opuesto a esta adjudicación que, a su entender, «amenaza con prolongar durante ocho años más la crisis de basuras que padece el municipio».
En una nota de prensa, Llibertat Llucmajor ha subrayado que los vecinos del municipio, según los datos fiscales del Ayuntamiento, pagan aproximadamente 7,5 millones de euros anuales mediante la tasa de basuras, mientras que el nuevo contrato destina unos cinco millones de euros al servicio.
Para el partido, esta diferencia demuestra que el contrato «nace ya claramente infradotado y sin los recursos necesarios para garantizar una recogida eficaz en un municipio tan extenso, disperso y complejo».
«Se pretende solucionar una crisis provocada por la falta de medios adjudicando otro contrato que vuelve a ser insuficiente desde su primer día», ha subrayado el portavoz del partido, Alexandro Gaffar.
En cuanto al sistema de recogida puerta a puerta en las urbanizaciones, según Llibertat Llucmajor, el contrato no contempla «una flota suficiente para cubrirlas adecuadamente». A su entender, el servicio podría ser factible en alguna de las urbanizaciones pequeñas, pero no en casi todas.
Así, ha advertido que esta medida «no solucionará» la acumulación de residuos, sino que «simplemente la trasladará desde las áreas de contenedores hasta las puertas y fachadas de las viviendas».
«El gobierno municipal no elimina el problema: lo reparte entre los particulares. Las bolsas que ahora se acumulan junto a los contenedores pasarán a permanecer delante de las viviendas, con las consiguientes molestias, malos olores, suciedad y problemas de salubridad», ha sostenido el regidor del partido vecinal, Miguel Pascual.
El nuevo sistema también contempla que en s’Arenal, y en algunas calles de las urbanizaciones, los «pocos» contenedores disponibles estén restringidos mediante llave electrónica.
Para la formación, esta medida «está condenada al fracaso», especialmente en s’Arenal, donde existe una elevada presencia de turistas, visitantes y población de paso que no tendrá acceso a los contenedores.
Además, desde el partido han argumentado que las experiencias implantadas en otros municipios españoles no han conseguido resolver eficazmente este problema. Por el contrario, cuando los visitantes no pueden abrir los contenedores, las bolsas y residuos terminan acumulándose a su alrededor.
«Se realizará una inversión en cerraduras electrónicas que no resolverá la suciedad, en una zona turística como s’Arenal, impedir que los visitantes utilicen los contenedores solo provocará que la basura acabe depositada en el suelo», ha indicado la miembro del comité ejecutivo de Llibertat Llucmajor Raquel Hernández.
«DIFICULTAR LA PARTICIPACIÓN DE VECINOS»
Desde la formación han lamentado que el pleno se haya celebrado durante la mañana de un viernes, al considerar que convocar en horario laboral una sesión de «tanta trascendencia» dificulta la asistencia efectiva de los vecinos.
Tampoco se ha invitado a las asociaciones de vecinos a hacer uso de intervención antes de la votación en cuestión, han resaltado. En palabras de la miembro del comité ejecutivo Laura Ogazón, «un asunto que condicionará durante ocho años la limpieza del municipio debería debatirse con transparencia y facilitando la máxima participación».
Además, han asegurado que las asociaciones de vecinos han trasladado su disconformidad con el nuevo contrato y «se sienten ignoradas y chantajeadas por el Ayuntamiento y por el gobierno municipal».
Según la formación, no se han atendido las reclamaciones vecinales ni se han considerado las distintas necesidades de los 18 núcleos urbanos de Llucmajor, cada uno con características territoriales, demográficas y estacionales diferentes que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer un sistema de recogida de basura eficiente.
Así, han acusado al gobierno municipal de «aplicar una política de ‘aquí mando yo’, sin escuchar a los vecinos y pretendiendo imponer un único sistema a realidades completamente distintas»:
«Por responsabilidad, no vamos a ser cómplices de un contrato que puede condenar a los vecinos a vivir entre basuras durante ocho años más. Nuestro voto en contra es un voto en defensa de la limpieza, la salubridad y el dinero de todos los contribuyentes», ha justificado el portavoz.
A su criterio, la única solución viable es modificar el contrato tras las elecciones municipales de mayo de 2027, incrementando la inversión destinada al servicio.