PALMA, 2 (EUROPA PRESS)
El Govern ha iniciado la tramitación de la futura orden que regulará el uso de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas a la Administración, con la que los particulares puedan iniciar una actividad con la entrega de estos documentos.
La iniciativa, que se enmarca en el despliegue de la Ley 4/2026, permitirá identificar los procedimientos administrativos en los que sea posible sustituir una autorización previa por una declaración responsable o una comunicación previa, según ha informado la Conselleria de Empresa, Hacienda e Innovación.
De esta forma, en los casos en que la normativa lo permita, ciudadanos y empresas podrán empezar esta actuación sin tener que esperar una autorización administrativa.
La futura orden también determinará los procedimientos en los que se podrá sustituir parte de la documentación acreditativa que actualmente deben presentar los interesados por una declaración responsable.
Esta declaración, acompañada de la certificación de una entidad colaboradora, acreditará el cumplimiento de los requisitos correspondientes.
«Esto permitirá reducir la cantidad de documentos que los ciudadanos y las empresas deben aportar ante la Administración y, por tanto, simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes», han resaltado desde la Conselleria.
El objetivo es trasladar a otros ámbitos de la administración el modelo de las Entidades Colaboradores Urbanísticas (ECU), que permite «agilizar» la tramitación de las licencias urbanísticas sin renunciar a las garantías jurídicas ni a las facultades de control de la Administración.
«La nueva regulación parte de un principio sencillo y es que cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, la Administración debe confiar en la responsabilidad de los ciudadanos y las empresas y comprobar posteriormente que se cumplen los requisitos establecidos», ha afirma el vicepresidente primero y conseller del ramo, Antoni Costa.
Esto permitirá reducir los plazos de determinados procedimientos y, sobre todo, evitar que ciudadanos y empresas tengan que aportar documentación que ya no sea necesaria o que pueda ser sustituida por una declaración responsable.
Aún así, han aclarado que la futura orden no modifica directamente procedimiento administrativo alguno. Lo que hará es identificar, de forma progresiva y con la participación de los departamentos competentes, qué procedimientos de la Administración autonómica y del sector público instrumental pueden acogerse a estos mecanismos de simplificación.
El análisis se hará caso por caso, al tener en cuenta la normativa europea y estatal aplicable para garantizar que la simplificación «no afecte a la protección del interés general, ni a las garantías jurídicas».
«La declaración responsable no implica, por tanto, eliminar el control de la Administración, sino cambiar el momento en que se produce. En lugar de exigir en todos los casos una comprobación previa, se refuercen los mecanismos de verificación, inspección y control posterior», han apuntado.