Actualidad

El PP exige responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Pollença por el incumplimiento de la regla de gasto

image

PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

El PP de Pollença ha exigido al Ayuntamiento que asuma responsabilidades políticas por el «grave incumplimiento» de la regla de gasto que asciende a 1,5 millones de euros y por haber «ocultado» las cifras de forma «deliberada».

La formación ha señalado este jueves en un comunicado que la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio económico de 2025 ha certificado un «grave incumplimiento de la regla de gasto que asciende a 1,5 millones de euros», algo que «obliga a redactar e implantar de manera urgente un plan económico financiero».

El portavoz del PP ‘pollencí’, David Alonso, ha lamentado que «el tiempo haya dado la razón a las advertencias presupuestarias» que el partido había expuesto.

Esta desviación millonaria «es el resultado directo de una nefasta gestión encadenada», marcada por la «preocupante falta de ejecución presupuestaria del 2024», cuando el gobierno municipal «arrastró y descompensó los flujos financieros» al año siguiente.

Los ‘populares’ han criticado, además, la «falta de transparencia» y la «opacidad política» del equipo municipal tras haber «retenido y ocultado» las cifras de forma «deliberada», según han considerado.

Alonso ha señalado que «lo que está pasando en Pollença» es la «crónica de un fracaso anunciado» sobre el equipo de gobierno por «ocultar sistemáticamente unos datos que deberían ser públicos en el mes de marzo».

Según el PP, el pleno municipal se verá obligado a aprobar planes restrictivos que podrían incluir la congelación o reducción de inversiones prioritarias para paliar el exceso de la regla de gasto.

Además, según ha indicado, el Consistorio quedará sometido a un periodo forzoso de tutela presupuestaria que se extenderá durante todo el ejercicio en curso y el año inmediatamente posterior, bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.

A todo ello, los ‘populares’ han explicado que el retraso de cinco meses en la tramitación de la liquidación sitúa al Ayuntamiento en una posición límite para redactar, aprobar por el pleno y remitir el plan de ajuste dentro de los términos que marca la legislación.