La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra varios artículos del decreto que regula los servicios de taxi y VTC en Baleares al entender que contemplan medidas «desproporcionadas» que reducen la competencia.
Antes de acudir a los tribunales, ha indicado la CNMC en un comunicado, requirieron al Govern que modificara o eliminara los artículos considerados «problemáticos» para evitar su impugnación. El Ejecutivo autonómico, no obstante, rechazó las propuestas planteadas, lo que ha desembocado en la apertura del procedimiento judicial contra un decreto que fue aprobado por el Consell de Govern a finales del pasado mes de febrero.
La CNMC ha señalado que no cuestiona el decreto en su conjunto, sino determinados requisitos de acceso y ejercicio de la actividad del taxi y el VTC que considera «innecesarios, desproporcionados y discriminatorios». Estos puntos de la normativa, ha advertido, podrían reducir la competencia y, por lo tanto, perjudicar a los consumidores y a los usuarios de estos servicios.
Entre los artículos impugnados se encuentra el que establece la antigüedad máxima de los vehículos para conceder nuevas autorizaciones. Exigir menos de dos años desde la matriculación, ha sostenido la CNMC, limita el acceso al servicio sin garantizar un mejor servicio. También aquel que establece la longitud mínima de los vehículos de taxi y VTC, al permitir que aquellos que usan fuentes de energía alternativas puedan tener una longitud menor que otros más contaminantes.
Sin embargo, ha subrayado el organismo estatal, se establece un tamaño mínimo de 4,35 metros, lo que a su parecer reduce la oferta de vehículos no contaminantes de forma «injustificada» sin mejorar la calidad del servicio o el confort para el usuario. Además, ha defendido la CNMC, permitir vehículos más pequeños mejorarían la eficiencia del servicio y reducirían el uso del espacio público.
Tampoco se ha mostrado conforme con la limitación de entrada de operadores, que impide contratar servicios por plaza con pago individual. La modalidad de coche compartido, a su entender, ampliaría la oferta disponible, bajaría los precios y reduciría la congestión vial y la contaminación.
El organismo independiente también ha recurrido los artículos que establecen la publicación obligatoria de las tarifas de los VTC en su página web, al interpretar que añade una carga «innecesaria» al prestador del servicio. El precio se conoce a través de las aplicaciones móviles antes de contratar el trayecto y, ha recordado, el Tribunal Supremo (TS) anuló recientemente una normativa similar en la Región de Murcia por vulnerar la libertad de empresa.
La CNMC, por último, ha llevado ante la justicia la prohibición de contratar servicios de VTC por plaza con pago individual y la posibilidad de establecer límites al aumento de los precios de los VTC en momentos de alta demanda, dado que entiende que podría reducir la disponibilidad de vehículos «por falta de incentivos» y aumentar los tiempos de espera para los usuarios.
El Govern defiende su ley
El Govern balear ha defendido el decreto que regula los servicios de taxi y VTC después de saber que la CNMC haya interpuesto un recurso. De este modo ha reaccionado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.
La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha dicho desconocer la letra pequeña del recurso y ha afirmado que será analizado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma. «Seguimos defendiendo una normativa que creemos necesaria para las Islas. Tenía como objetivo garantizar la movilidad y fijar criterios objetivos que permitan regular las licencias y las autorizaciones en un territorio limitado y protegido», ha dicho.
