Formentera acaba de lograr algo mucho más profundo que un cambio administrativo. La isla más pequeña de Baleares ha entrado oficialmente en la historia constitucional de España.
Felipe VI ha sancionado este martes la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, convirtiendo a Formentera en circunscripción propia para el Senado y poniendo fin a décadas de representación compartida con Ibiza. A partir de las próximas elecciones generales, los poco más de 11.000 habitantes de la isla elegirán por primera vez a un senador propio.
La imagen puede parecer técnica. Pero su significado es enormemente simbólico. Porque no se trata únicamente de política institucional. Se trata de reconocimiento territorial, identidad insular y madurez democrática dentro del archipiélago balear.
La modificación supone además un hecho excepcional dentro de la historia reciente del país: es apenas la cuarta reforma constitucional aprobada en España desde 1978. Y la primera vinculada directamente al equilibrio territorial de Baleares.
Durante décadas, la Constitución agrupó a Ibiza y Formentera bajo una única circunscripción electoral para la Cámara Alta. Un simple guion –“Ibiza-Formentera”– resumía una anomalía política que cada vez resultaba más difícil de justificar, especialmente desde que Formentera obtuvo Consell Insular propio en 2007.
La reforma elimina ahora ese guion histórico y sitúa a la isla en igualdad institucional con otros territorios insulares españoles que ya contaban con representación diferenciada, incluso con menor población.
El cambio fue impulsado desde el Parlament balear y salió adelante con amplio consenso político en Madrid, en una tramitación rápida respaldada por PSOE y PP. Solo Vox votó en contra durante el proceso parlamentario. Pero más allá del trámite legislativo, lo ocurrido este martes tiene una lectura mucho más amplia para Baleares.
En un momento donde las islas debaten constantemente sobre límites turísticos, sostenibilidad, identidad y capacidad de decisión, Formentera acaba de reforzar algo esencial: su capacidad de representación propia dentro del Estado.
La isla lleva años construyendo un perfil singular dentro del Mediterráneo. Más pequeña, más frágil y más limitada territorialmente que el resto del archipiélago, Formentera ha convertido precisamente esa vulnerabilidad en parte de su identidad política y turística.
Hoy representa uno de los grandes laboratorios mediterráneos de movilidad sostenible, protección del litoral y gestión territorial frente a la presión turística. Y precisamente por eso, la conquista de una voz propia en el Senado adquiere también una dimensión estratégica. Porque Formentera ya no quiere únicamente ser observada como un apéndice de Ibiza. Quiere participar directamente en las decisiones que afectan a su futuro.
La reforma constitucional llega además en un contexto especialmente simbólico para España. En casi medio siglo de democracia, la Carta Magna apenas se había modificado en tres ocasiones: para adaptar derechos electorales europeos, introducir el principio de estabilidad presupuestaria y actualizar el lenguaje relativo a las personas con discapacidad.
Ahora, el nombre de Formentera queda incorporado a esa breve lista de hitos constitucionales. Y eso convierte este martes en algo mucho más importante que una reforma técnica. Convierte a la isla en símbolo de cómo incluso los territorios más pequeños pueden terminar reclamando un espacio propio dentro de la arquitectura política de un país. En el fondo, Formentera acaba de hacer algo muy mediterráneo: demostrar que el tamaño nunca ha sido la medida real de la influencia.
