Ibiza ha convertido la lucha contra la oferta turística ilegal en una cuestión que va mucho más allá de la competencia entre alojamientos. La presión sobre el territorio, la capacidad de los servicios públicos y el equilibrio del modelo turístico forman parte de un debate en el que la tecnología y la colaboración con las plataformas digitales empiezan a desempeñar un papel decisivo. Un enfoque que ahora ha llevado hasta Menorca, donde el Consell d’Eivissa ha expuesto su estrategia para combatir una actividad que opera al margen de la normativa.
El conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, presentó este modelo en el III Congreso Nacional de Derecho de la Empresa y Actividad Turística, celebrado los días 15 y 16 de octubre en el Claustre del Carme de Maó. El encuentro reunió a especialistas en derecho, académicos y representantes institucionales de toda España para analizar los desafíos regulatorios de la industria turística.
Durante su intervención en la mesa redonda «Competencia desleal y su efectivo control», Juan defendió un cambio de estrategia: actuar sobre la comercialización de los alojamientos antes de que la actividad ilegal llegue a materializarse, en lugar de concentrar los esfuerzos únicamente en la inspección y la sanción posteriores.
La dimensión del problema ayuda a entender el alcance de esta apuesta. Según los datos expuestos por el conseller, en 2024 se estimaba que unas 17.500 plazas turísticas ilegales se comercializaban en Ibiza a través de plataformas digitales, una cifra equivalente prácticamente al conjunto de las plazas legales de viviendas turísticas de la isla.
El impacto, además, no se limita al mercado del alojamiento. La oferta que escapa a la planificación turística añade presión sobre la movilidad, los recursos, los servicios públicos y la convivencia, al tiempo que sitúa a los establecimientos que cumplen la normativa en una posición de desventaja competitiva.
Menos anuncios y mayor control del mercado
Uno de los principales indicadores del avance de esta estrategia es la evolución de los anuncios de viviendas turísticas. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) presentadas durante el congreso, Ibiza pasó de registrar más de 4.100 viviendas anunciadas en agosto de 2024 a unas 2.300 en mayo de 2026. La caída alcanza el 44%. La reducción también se refleja en la capacidad alojativa anunciada: las plazas comercializadas descendieron un 40% en el mismo periodo, al pasar de más de 28.000 a menos de 18.000.
Estos resultados se enmarcan en el trabajo desarrollado inicialmente con Airbnb y ampliado después a Booking y Vrbo, con el objetivo de identificar y depurar los anuncios de alojamientos turísticos. Más allá de la reducción cuantitativa, el Consell destaca una mejora en la trazabilidad de la oferta, un factor clave para localizar inmuebles, comprobar su situación administrativa y actuar ante posibles irregularidades. La estrategia se apoya en un sistema de monitorización que combina la geolocalización de los anuncios con la ubicación de la oferta legal, el cruce de bases de datos y la verificación de imágenes y números de registro.
Según los datos presentados por Juan, estas herramientas permiten detectar habitualmente entre 25 y 30 anuncios diarios y agilizar las comprobaciones, con una capacidad de respuesta aproximada de 48 horas. El objetivo es acortar la distancia entre la detección de una posible irregularidad y la intervención administrativa.
La colaboración con las plataformas, una pieza clave
La tecnología es solo una parte del modelo. El Consell también ha impulsado un marco de colaboración con las plataformas digitales, las patronales y las asociaciones profesionales del sector turístico, con la intención de mejorar el control de la oferta y favorecer un desarrollo más ordenado de la actividad.
Este trabajo, iniciado mediante grupos específicos, se ha consolidado con la creación de la Mesa de la Intrusión, concebida como un espacio permanente para compartir información, seguir la evolución de la oferta y coordinar actuaciones.
El planteamiento parte de una premisa práctica: en un mercado en el que los alojamientos se comercializan a través de canales digitales, la capacidad de supervisión de la Administración depende también de su acceso a información fiable y de la cooperación con los intermediarios que publican los anuncios.
A esta dimensión tecnológica y colaborativa se suma el refuerzo de los recursos públicos destinados a la inspección. Desde 2023, el número de inspectores de turismo y transportes ha pasado de nueve a 14, mientras que el equipo de personal instructor ha crecido de cuatro a nueve profesionales. Además, desde el 1 de enero de 2025 se han iniciado aproximadamente 400 expedientes sancionadores relacionados con la oferta turística ilegal.
Un modelo que pone el foco en la planificación turística
La experiencia de Ibiza sitúa el control de la oferta irregular en el centro de una cuestión estratégica para los destinos turísticos: cómo compatibilizar la actividad económica con la capacidad real del territorio y el cumplimiento de las reglas del mercado.
La posición defendida por Juan es que combatir la oferta ilegal no significa reducir la actividad de los alojamientos reglados, sino evitar que crezca una oferta que opera al margen de la planificación y genera una presión adicional sobre la isla. Con la combinación de análisis de datos, cooperación con las plataformas y más recursos para la inspección, el Consell busca anticiparse a las irregularidades y mejorar su capacidad de respuesta.
La presentación en Menorca lleva este enfoque al debate jurídico y turístico nacional. Los datos de Ibiza muestran la evolución registrada en los anuncios y las plazas comercializadas entre 2024 y 2026; el reto, a partir de ahora, es mantener la capacidad de control y garantizar que la reducción de la oferta anunciada se traduzca en un cumplimiento efectivo de la normativa.
