La lucha contra la oferta turística ilegal ha entrado en una nueva fase en Mallorca. El Consell de Mallorca ha intensificado durante 2026 su actividad inspectora y sancionadora, con una estrategia que combina mayores multas, procedimientos más rápidos y una vigilancia reforzada durante los meses de mayor actividad turística. El resultado: 4,3 millones de euros en sanciones propuestas en siete meses.
El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, acompañado por el nuevo director insular para la Oferta y la Calidad del Consell de Mallorca, Pedro Rosselló, ha presentado este martes los datos correspondientes al periodo comprendido entre enero y julio de 2026. Las cifras reflejan un aumento significativo de la presión administrativa sobre los operadores que comercializan alojamiento turístico al margen de la normativa.
En los siete primeros meses del año, el Consell ha iniciado 146 expedientes sancionadores, con propuestas de sanción por un importe conjunto de 4,37 millones de euros. La cifra supone un incremento del 40% respecto a los 104 expedientes iniciados durante todo 2025. La actividad resolutoria también se ha acelerado. Hasta julio se han resuelto 61 expedientes sancionadores, frente a los 111 resueltos durante todo el ejercicio anterior. De los expedientes resueltos este año, 36 han sido calificados como muy graves y 25 como graves, con una cuantía total de sanciones superior a 2,1 millones de euros.
El dato resulta especialmente significativo porque, en apenas siete meses, Mallorca ya ha superado el volumen total de expedientes iniciados durante todo 2025 en 42 procedimientos. Uno de los principales cambios introducidos en 2026 es el protocolo DIA —Declaración de Ilegalidad de la Actividad—, diseñado para acelerar la retirada de anuncios de alojamientos turísticos ilegales de las plataformas digitales.
Desde su puesta en marcha en enero, el Consell ha iniciado 60 protocolos DIA y ha resuelto 54, todos ellos con una orden de cese de la actividad ilegal. El procedimiento pretende reducir el tiempo que transcurre entre la detección de una oferta ilegal y su retirada del mercado. Una vez identificado un anuncio que comercializa un alojamiento turístico sin autorización, la Administración comunica al propietario la obligación de cesar la actividad y retirar los anuncios de las plataformas de alojamiento turístico.
Si el anuncio no se retira en el plazo establecido de diez días, pueden activarse medidas coercitivas, incluidas multas. En caso de persistencia, el expediente puede llegar a la Fiscalía. La lógica detrás del nuevo protocolo es clara: no basta con sancionar al infractor; el objetivo es sacar cuanto antes del mercado la oferta ilegal.
«Nuestra prioridad es clara y contundente: conseguir la retirada, lo antes posible, del anuncio que publicita un alojamiento turístico ilegal en Mallorca», ha señalado Ginard. A partir de aquí, la Administración continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y, una vez acreditada la infracción, el infractor recibirá la sanción económica que establece la normativa».
El conseller ha defendido además una estrategia de tolerancia cero frente a quienes operan fuera del marco legal: «Somos muy claros: en Mallorca no hay lugar para la oferta turística ilegal. No podemos permitir que quien incumple la normativa compita en igualdad de condiciones con aquellos que hacen las cosas bien».
Multas de hasta 500.000 euros
La presión económica sobre los operadores ilegales también ha aumentado. La nueva normativa turística, recogida en el Decreto Ley 4/2025, de 11 de abril, contra la oferta ilegal, establece sanciones de entre 50.000 y 500.000 euros para determinados supuestos de alquiler turístico ilegal en Mallorca. Más allá de la recaudación, el incremento de las multas responde a una estrategia fundamentalmente disuasoria: elevar el coste de incumplir la normativa hasta convertir la actividad ilegal en una opción económicamente inviable.
El objetivo del Consell es avanzar hacia un mercado turístico en el que los operadores que cumplen las reglas no compitan en desventaja frente a quienes comercializan producto fuera del circuito regulado. La ofensiva se extiende también al terreno de la inspección. Por tercer año consecutivo, el Consell ha reforzado durante la temporada de máxima actividad turística su dispositivo contra la oferta ilegal, con una campaña que se desarrolla entre el 15 de mayo y el 15 de noviembre. Los inspectores están realizando controles sobre establecimientos que no han operado durante los últimos cinco años, verificando la actividad de los guías turísticos y comprobando la documentación DRIAT.
El dispositivo incluye además actuaciones frente a la sobreocupación, la comercialización de estancias turísticas canceladas, la oferta de viviendas turísticas —ETV— y las actividades vinculadas al denominado turismo de excesos. Hasta julio se habían contabilizado 1.546 salidas de inspección relacionadas con la lucha contra la oferta ilegal.
Durante 2026 también se ha reforzado el control sobre la actividad de los guías turísticos, una reivindicación histórica del sector, así como las inspecciones relacionadas con el cumplimiento de la obligación de comercialización del producto local.
El ciudadano como nuevo aliado de la inspección
La estrategia del Consell incorpora además la colaboración ciudadana como una fuente relevante de información para detectar posibles irregularidades. El Departamento de Turismo mantiene abierto un canal oficial para recibir denuncias relacionadas con la oferta turística ilegal y asegura que todas las comunicaciones recibidas son objeto de inspección. Durante 2025 se registraron 450 denuncias ciudadanas a través de este canal. El cambio de enfoque es significativo: Mallorca no solo está aumentando el número de inspecciones y sanciones, sino que está tratando de acortar el ciclo completo de actuación —detección, retirada de la oferta, procedimiento administrativo y sanción—.
En un destino turístico sometido a una fuerte presión sobre la vivienda y sobre la capacidad de sus infraestructuras, el reto para la Administración pasa ahora por convertir este aumento de actividad inspectora en un elemento estructural de la política turística. La premisa del Consell es que combatir la oferta ilegal no es únicamente una cuestión de disciplina administrativa, sino una forma también de proteger al residente, preservar la competitividad de las empresas que cumplen la normativa y avanzar hacia un modelo turístico más ordenado y sostenible.
Críticas del PSOE
El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha criticado este martes que a pesar de la cifra de expedientes abiertos, la institución no haya cerrado ningún alojamiento turístico ilegal en toda la legislatura. Así, la consellera socialista Joana Maria Adrover ha señalado que «perseguir el alquiler turístico ilegal no es abrir expedientes, sino conseguir que la actividad cese», y ha remarcado que el Consell «no ha acreditado ninguna actuación efectiva».
Asimismo, la socialista ha recordado que Ginard «presume» de haber dictado 54 órdenes de cese inmediato, pero ha exigido saber «cuántas se han cumplido y cuántas se han ejecutado», al tiempo que ha reprochado que el Consell no haya hecho ningún cierre cautelar, no haya impuesto ninguna multa coercitiva y no haya enviado ningún caso a Fiscalía».
