Conocido como el “estafador de los pobres”, Antonio Arroyo es un prestamista de 72 años procesado en la Audiencia Provincial de Madrid por una presunta macroestafa hipotecaria que habría afectado al menos a una treintena de familias vulnerables. Durante más de una década operó concediendo préstamos rápidos con la vivienda como garantía, en un modelo que, según las acusaciones, escondía intereses desorbitados y condiciones prácticamente imposibles de cumplir. En sí, a quien se le considera el mayor estafador hipotecario de España, ha resultado absuelto en múltiples causas anteriores por la prescripción del delito de estafa. Tras años de cientos denuncias, numerosas acusaciones e incluso diversas detenciones que acabaron resultando en nada, cerca de una treintena de presuntos perjudicados han unido fuerzas para plantarle cara.
La causa actual ha dado un giro tras la declaración de dos de sus antiguas colaboradoras, que le señalaron directamente como responsable de la operativa. Ambas reconocieron que eran conscientes de que los clientes firmaban ante notario cantidades superiores a las que realmente recibían y que, en algunos casos, se elaboraban documentos que no se correspondían con la realidad. Según el abogado de varias familias afectadas, las órdenes partían directamente de Arroyo.
El propio acusado, que estima haber realizado unas 1.100 operaciones en diez años, niega cualquier irregularidad. Sostiene que los clientes conocían las condiciones de los contratos -entre ellas, la llamada “hipoteca cambiaria”- y que sabían que, si no devolvían el dinero en el plazo fijado, podían perder su vivienda.
Según el relato de varios perjudicados, el proceso era rápido y aparentemente sencillo: tras firmar en notaría, recibían el dinero solicitado. Sin embargo, en pocos meses la deuda se multiplicaba, pasando de unos pocos miles de euros a cantidades inasumibles. Algunos denunciaron presiones y amenazas cuando no podían hacer frente a los pagos, lo que en varios casos terminó con la pérdida de sus viviendas.
La investigación policial llegó a describir la estructura como una presunta organización con un engranaje estable y reparto de funciones. Además de Arroyo y su expareja, otras seis personas se sientan en el banquillo acusadas de participar en la supuesta trama. Las acusaciones particulares solicitan penas de prisión para el principal procesado, mientras que la Fiscalía ha modulado su petición de condena tras las últimas declaraciones.
La tensión del juicio se trasladó incluso a las puertas del juzgado, donde la expareja de Arroyo, también acusada, protagonizó un altercado al agredir con un paraguas a un cámara de laSexta.
Tras las declaraciones de este pasado miércoles, la Fiscalía ha rebajado de ocho a tres años y medio la pena solicitada para Antonio Arroyo y mantiene la petición de dos años de cárcel para las dos exempleadas. El juicio ha quedado visto para la lectura de los informes finales por parte de las partes, paso previo a su resolución.
El proceso continúa así a la espera de conclusiones definitivas en una causa que ha reavivado el debate sobre los préstamos rápidos y la protección de las familias en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales reclaman justicia tras lo que consideran una de las mayores estafas de este tipo en las últimas décadas.