Ocho meses antes del cierre del actual mandato presidencial, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una de las apuestas emblemáticas del presidente Donald Trump para reducir el tamaño del Estado, dejó de existir sin anuncio formal, sin ceremonia de clausura y sin un balance público de sus resultados.
La desaparición del organismo, creado con alto perfil mediático como símbolo de la promesa de optimizar el gasto federal, fue confirmada de manera sorprendentemente directa por Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal. Consultado por Reuters sobre el estado actual de la agencia, Kupor respondió simplemente: “Eso no existe”, frase que terminó por sellar el destino de una iniciativa que, según analistas, nunca logró consolidarse.
Una apuesta política que no cuajó
El DOGE nació con la misión de identificar redundancias burocráticas, acelerar procesos administrativos y reducir costos operativos en distintas dependencias federales. Su creación fue celebrada por la Casa Blanca como un paso decisivo hacia un aparato gubernamental “más ágil, más barato y más responsable con los contribuyentes”.
Sin embargo, a lo largo de su corta existencia, los resultados fueron escasos y, en muchos casos, difíciles de medir. Varios informes internos nunca publicados oficialmente pero comentados por funcionarios bajo anonimato, señalaban que la oficina enfrentó obstáculos desde su inicio: falta de personal especializado, competencia con otras agencias con funciones similares y escaso apoyo legislativo para implementar los cambios propuestos.
Críticas y desdibujamiento
Especialistas en administración pública ya habían advertido que el DOGE corría el riesgo de convertirse en un organismo simbólico antes que en un motor de reformas estructurales. Críticos argumentaban que, lejos de reducir la burocracia, su creación añadía otra capa administrativa en un sistema federal ya saturado.
La falta de transparencia también alimentó el escepticismo. A lo largo del mandato, la oficina publicó pocos datos verificables sobre ahorros reales, y varios de los proyectos anunciados como auditorías masivas de duplicidades interagenciales nunca llegaron a completarse.
La desaparición del DOGE no ha sido acompañada de un comunicado oficial, un informe de cierre o una transferencia clara de sus funciones. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que la decisión responde a “una reestructuración interna más amplia”, mientras que otros funcionarios señalan que la oficina llevaba meses sin actividad operativa.
Para los observadores políticos, el cierre anticipado del DOGE simboliza las dificultades de implementar reformas estatales profundas en un contexto altamente polarizado y con un ciclo presidencial en su etapa final.
A falta de documentación pública sobre su impacto real, el legado del DOGE es, por ahora, una incógnita. Para algunos, representa un experimento fallido en la búsqueda de eficiencia gubernamental; para otros, un ejemplo más de cómo iniciativas anunciadas con fuerza pueden desvanecerse discretamente cuando carecen de estructura, apoyo y continuidad.
Lo único claro, a la luz de las palabras de Kupor, es que la oficina que alguna vez prometió transformar el funcionamiento del gobierno federal hoy simplemente deja de existir.
