La escalada en Oriente Medio es ahora el principal tema político en todo el mundo, la opinión pública denuncia claramente el genocidio que se está produciendo en Palestina y esto crea no pocos problemas a los gobiernos europeos con respecto a su aliado número uno: los Estados Unidos de América. Este es el caso de España, que ha prohibido el tránsito por las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) de aviones y barcos procedentes de EE. UU. cargados de armas, municiones y equipamiento militar con destino a Israel.
Soberanía y control en las bases conjuntas
El Gobierno español ha reafirmado que tanto Rota como Morón son instalaciones de soberanía nacional, bajo mando militar español, y que cualquier operación que se lleve a cabo en ellas requiere la autorización expresa de las autoridades del país. De este modo, se responde a las críticas que ponían en duda la eficacia del veto, al sugerir que las bases podían convertirse en un “coladero” para el tránsito de armamento hacia Israel.
Las fuentes consultadas explican que, si bien España no inspecciona cada avión o buque estadounidense que hace escala, existe un principio de confianza entre aliados que limita la posibilidad de que Washington intente ocultar material sensible en sus operaciones. Un engaño de este tipo, advierten, pondría en riesgo la relación bilateral.
Las Azores, alternativa para USA
El cumplimiento del veto español ya tiene ejemplos concretos. La reciente entrega de seis cazas F-35 a Israel se realizó a través de la base portuguesa de Lajes, en las Azores, y no desde territorio español. Estos aviones, pintados de antemano con los emblemas de la Fuerza Aérea israelí, evitaron sobrevolar España y cruzaron hacia Oriente Próximo por el Estrecho de Gibraltar tras su escala en el archipiélago portugués.
La decisión de utilizar otras rutas muestra que Washington respeta la posición de Madrid y busca evitar fricciones políticas en un momento en que la guerra en Gaza mantiene una enorme presión sobre los gobiernos europeos. No es casualidad que la muy controvertida visita de Netanyahu a la ONU la semana pasada se realizara en un avión que evitó explícitamente sobrevolar el espacio aéreo español, optando por la ruta italiana para evitar fricciones políticas.
Marco legal y restricciones
La cooperación militar entre España y Estados Unidos se rige por el convenio de defensa de 1988, actualizado en diversas ocasiones. Este acuerdo permite la presencia y tránsito de fuerzas estadounidenses, pero también establece limitaciones claras: cuando la carga o el pasaje de una aeronave pueda resultar “controvertido” para España, se requiere autorización especial. Esta cláusula se ha aplicado ya en otros momentos, como en 2002, cuando se autorizaron vuelos con destino a Guantánamo durante el Gobierno de José María Aznar.
El protocolo operativo de 2011 endureció aún más los requisitos, obligando a detallar la procedencia, destino y misión de cada vuelo, así como la naturaleza y cantidad de la carga en los casos considerados especiales.
Fricciones diplomática
El veto español al tránsito de armas con destino a Israel se suma a un paquete de medidas con el que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha querido marcar distancias frente al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Entre ellas destaca la restricción del espacio aéreo español para aeronaves militares estadounidenses cargadas con material bélico. Esta postura provocó que el Departamento de Estado norteamericano expresara públicamente su preocupación, al considerar que limita sus operaciones militares en la región.
Aun así, España mantiene su compromiso con el convenio bilateral y evita modificarlo formalmente. La ambigüedad oficial permite al ejecutivo defender su soberanía sin romper con Washington, mientras se ajusta a la creciente presión interna y europea contra la ofensiva israelí en Gaza.
La paradoja de los buques
En el caso de los barcos, el mecanismo es semejante al de los vuelos militares, aunque con mayores plazos de autorización. Una peculiaridad histórica es que España no pregunta a Estados Unidos por la carga exacta de los buques, una cláusula heredada de la Guerra Fría para evitar filtraciones a la entonces Unión Soviética sobre posibles armas nucleares. Ha pasado mucho tiempo desde la Guerra Fría, pero muchos tratados siguen vigentes. Sin embargo, el referéndum de 1986 estableció expresamente la prohibición de introducir armamento nuclear en territorio español. Se trata, nuevamente, de una cuestión de confianza entre aliados.
La posición de España refleja un difícil equilibrio: por un lado, la obligación de cumplir los compromisos de defensa conjunta con Estados Unidos; por otro, la necesidad de responder a una opinión pública que exige medidas concretas frente al uso masivo de armamento en Gaza. La reorientación de vuelos y barcos hacia otras bases aliadas, como la portuguesa de Lajes, evidencia que la presión española tiene efectos prácticos, aunque no resuelva de fondo el debate sobre el papel de Europa en el suministro de armas a Israel.
