Actualidad

Profesionales del lobby urgen garantizar la participación pública y regularla

APRI pide proteger el derecho de participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales en la vida pública y política como una responsabilidad constitucional de los poderes públicos.

Los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby integrados en la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) piden proteger el derecho de participación y urgen regular el lobby en España para normalizar su actividad y garantizar un proceso de participación pública transparente, equitativo y responsable, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.

Los profesionales de los asuntos públicos y el lobby subrayan la responsabilidad constitucional de los poderes públicos de fomentar y facilitar la participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales, en la vida pública y política, garantizando la igualdad de condiciones y eliminando barreras al acceso a las instituciones públicas. Estos encuentros no comprometen la independencia en la formulación de políticas públicas; por el contrario, promueven un proceso más inclusivo y democrático enriqueciendo la diversidad de información disponible para la toma de decisiones.

APRI recuerda que el derecho de participación es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que garantiza la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas.

A nivel Europeo, el Tratado de Lisboa, además, refuerza el principio de participación ciudadana en la Unión Europea. En particular, establece disposiciones para promover la democracia participativa y la ciudadanía activa a través de un diálogo abierto y transparente.

Para promover la participación efectiva, APRI urge normalizar y regular el lobby en España, una reivindicación unida a la propia fundación de la asociación hace quince años.

La transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los procesos de toma de decisiones son transparentes, los ciudadanos pueden entender mejor cómo y por qué se toman ciertas decisiones, lo que promueve una mayor participación y confianza en el sistema político y democrático.