En su conferencia de prensa posterior a las elecciones legislativas del pasado miércoles, nueve de noviembre, se le preguntó al presidente Joe Biden si la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, por valor de 44.000 millones de dólares, suponía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a la presencia de ciertos inversores extranjeros, entre ellos el príncipe saudí Alwaleed Bin Talal Al Saud y la Autoridad de Inversiones de Catar.
«Creo que la cooperación y/o las relaciones técnicas de Elon Musk con otros países son dignas de ser examinadas«, dijo el presidente de los Estados Unidos.
Biden no es el único preocupado por la inversión extranjera en Twitter: hace dos semanas, el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) pidió al Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), una unidad del Departamento del Tesoro, que revisara la inversión saudí y catarí en la empresa de redes sociales. «El CFIUS también debe revisar las inversiones no controladas en ciertas compañías sensibles de Estados Unidos, incluyendo sociedades que desarrollan tecnologías críticas y negocios que poseen datos personales sensibles de ciudadanos estadounidenses», dijo Murphy, señalando la investigación del Departamento de Justicia en 2019 sobre dos exempleados de Twitter que fueron acusados de compartir la información privada de los usuarios de la red social con el gobierno saudí. (Uno de ellos fue condenado por un jurado federal en agosto).
Si bien el príncipe Alwaleed era un inversor de Twitter cuando aún era una empresa pública, la participación de Catar es una inversión nueva –y algo inusual– para el pequeño fondo soberano del Estado del Golfo, de 461.000 millones de dólares (activos). La inversión se hizo pública por primera vez el 4 de mayo, cuando una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos reveló que la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA) estaba invirtiendo 375 millones de dólares en la adquisición de Musk, lo que le daba algo menos del 1% de la ahora empresa privada Twitter. Aunque la participación de la QIA en Twitter es muy pequeña, aún podría suponer posibles riesgos para la seguridad nacional en Estados Unidos.
Además de los antiguos empleados acusados de actuar como «agentes ilegales de Arabia Saudí», Twitter se ha visto envuelto en más polémicas relacionadas con el uso de la información privada de los usuarios. En mayo, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia impusieron a Twitter una multa de 150 millones de dólares por recopilar de forma «engañosa» los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de los usuarios y compartir los datos con anunciantes que los utilizaban para dirigirse a usuarios concretos.
Según Sanjay Patnaik, director del Centro de Regulación y Mercados de la Brookings Institution, si el gobierno catarí puede acceder a los datos de los usuarios, esto podría suponer un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. «Aunque se trate de una inversión pequeña, eso no impide que el CFIUS la investigue si cree que los cataríes podrían tener alguna influencia en las políticas de Twitter o podrían acceder a los datos de los estadounidenses», afirma.
El momento de la operación también plantea dudas sobre la lógica de la inversión de Catar. La adquisición se cerró el 27 de octubre, menos de un mes antes de que Catar acoja la Copa Mundial de la FIFA 2022, que comienza el 20 de noviembre y llevará a más de un millón de aficionados al fútbol a este país de tres millones de habitantes. Catar obtuvo los derechos de organización del torneo en 2010, y desde entonces el país ha estado en el punto de mira mundial por las condiciones mortales de los trabajadores inmigrantes en las obras de construcción, así como por sus draconianas leyes sobre los medios de comunicación. Algunos sugieren, como es lógico, que hay razones no financieras para el acuerdo, lo que da a Catar una influencia potencial barata –en el mejor de los casos– y una pequeña pérdida en el peor.
«Es difícil decir cuáles son sus objetivos. Probablemente tengan otros fines además de los intereses comerciales al invertir en Twitter», dice Patnaik. «Uno de ellos… es probablemente promover su propia propaganda y narrativa. Y si pueden acceder a información crítica a través de Twitter, tendrán influencia en las políticas».
«Para Catar, obviamente, llega en un buen momento antes de la Copa del Mundo. Eso va a ser una pieza central del mundo de Twitter», añade Dan Ives, analista de Wedbush. «Es una inversión significativa y definitivamente les da un asiento en la mesa».
La cuestión es si Catar utilizará ese asiento para aplastar la libertad de expresión. La propiedad extranjera de Twitter tiene el potencial de «dar lugar a un aumento de la censura, la desinformación o la violencia política», dice el senador Murphy, y añade que los inversores extranjeros, incluidos Alwaleed y la QIA, podrían utilizar la plataforma para «silenciar a los críticos del gobierno y a los activistas de derechos humanos«. Catar tiene una serie de leyes en los libros que restringen la libertad de expresión online. Su ley de delitos cibernéticos, aprobada en 2014, establece una pena máxima de hasta tres años de cárcel para cualquier persona condenada por difundir «noticias falsas» o publicar contenido online que «viola los valores o principios sociales.» En 2020, Catar modificó su código penal para imponer penas de hasta cinco años de cárcel por difundir o publicar «noticias falsas o maliciosas«.
En mayo, Musk tuiteó que su «preferencia es ceñirse a las leyes de los países en los que opera Twitter». Las estimaciones sobre el número de usuarios mensuales activos de la red social en Catar oscilan entre 600.000 y 700.000, pero se espera que el país reciba hasta 1,2 millones de visitantes durante la Copa del Mundo, y muchos aficionados utilizarán Twitter para compartir sus experiencias. Musk y un portavoz de Twitter no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
«No es descartable que se ejerza una influencia interna en cuanto a quién puede entrar en Twitter y qué puede decir, qué se censura y qué se elimina», afirma Simon Chadwick, profesor de Economía del Deporte y Geopolítica en la Skema Business School de Francia, que ha viajado mucho a Catar.
El acuerdo con Twitter también parece suponer un cambio con respecto a las inversiones anteriores de la QIA. Algunas de las participaciones más destacadas del fondo incluyen una participación del 18% en la petrolera estatal rusa Rosneft, el 8% del comerciante de materias primas Glencore, participaciones en bancos occidentales (incluidos Barclays y Credit Suisse) y propiedades inmobiliarias en Londres y Nueva York, incluido alrededor del 18% del Empire State Building.
Una revisión de FORBES de los archivos de la SEC y las inversiones del QIA en Pitchbook encontró que Twitter es la única empresa de medios sociales en la que el fondo ha invertido. El QIA, que es una entidad de propiedad gubernamental, declinó responder a una serie de preguntas de FORBES sobre su inversión en Twitter. No está claro por qué decidió invertir en la plataforma de medios sociales, aunque su contribución de 375 millones de dólares es calderilla para un fondo con 461.000 millones de dólares en activos.
Menos de una semana después de que se cerrara el acuerdo con Twitter, varias publicaciones, entre ellas el New York Times, informaron de que el Comité Supremo de Entrega y Legado de Catar –la organización responsable de la Copa del Mundo– había pedido a algunos aficionados extranjeros que recibieron viajes con gastos pagados para asistir a la Copa del Mundo (financiados por el Comité Supremo) que cumplieran un código de conducta. Los documentos y contratos vistos por el Times exigían a los hinchas «informar de cualquier comentario ofensivo, degradante o abusivo» y «si es posible, hacer una captura de pantalla de esos comentarios y borrarlos rápidamente». Otra parte del documento decía, al parecer, que el comité «no pedía a los [aficionados] que [fueran] portavoces de Catar, pero obviamente no sería apropiado que [los aficionados] desacreditaran a Catar».
El Comité Supremo de Catar emitió un comunicado a principios de noviembre en el que calificaba las informaciones de «absolutamente falsas». El escrito decía que los aficionados que participan en el programa, conocido como Fan Leader Network, «no tienen ninguna obligación de publicar o compartir contenidos proporcionados por el [Comité Supremo], ni de informar sobre contenidos en nombre [del Comité]».
Aun así, Catar ha tomado medidas en el pasado para reprimir las publicaciones en las redes sociales que pintan al país de forma negativa. En mayo de 2021, las autoridades cataríes detuvieron a Malcolm Bidali, un activista keniano de derechos laborales que trabajaba como guardia de seguridad. Bidali tuiteó sobre los abusos laborales en Catar utilizando un seudónimo y fue objeto de un ataque de phishing en su teléfono que condujo a su detención, según Amnistía Internacional. Bidali estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 23 horas al día y no tuvo acceso a representación legal, antes de ser liberado finalmente casi tres semanas después, pero sólo después de pagar lo que Bidali dijo que era una «multa exorbitante» y de firmar un acuerdo de no divulgación. En agosto de 2021, las autoridades cataríes detuvieron a siete personas por «difundir noticias falsas» después de que hablaran en las redes sociales sobre la ley electoral para las primeras elecciones parlamentarias del país.
El funcionamiento de Twitter durante la Copa del Mundo –si es que sigue funcionando entonces, dados los informes del pasado jueves, diez de noviembre, de que la compañía podría declararse en bancarrota– será una prueba del liderazgo de Musk y una ventana a la influencia que pueda tener Catar en la moderación de contenidos. «Va a haber un foco brillante sobre cómo se maneja todo esto, porque es una potencial tormenta de controversia», dice Ives, analista de Wedbush. «Y cuando se agrega la situación de la Copa del Mundo, sólo se echa gasolina al fuego potencial».
En términos financieros, el acuerdo ya ha sido una mala apuesta para la QIA: FORBES estima que Twitter vale ahora 26.000 millones de dólares, basándose en el descenso de un índice de empresas de medios sociales entre la fecha en que se firmó el acuerdo en abril y la fecha de cierre del mismo el 27 de octubre. Ives estima que Twitter vale actualmente incluso menos, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, lo que supone un recorte de aproximadamente el 60% de los 44.000 millones de dólares que Musk y sus coinversores pagaron por la empresa. Pero los 375 millones de dólares invertidos en Twitter es una suma tan pequeña para el QIA que es poco probable que se vean afectados por su pobre rendimiento hasta ahora. Incluso si Musk no consigue revitalizar Twitter, Catar habrá conseguido un punto de apoyo en una de las mayores plataformas de medios sociales del mundo.
«Hay discusiones de alto nivel dentro del gobierno catarí sobre lo que pasará después con la Autoridad de Inversiones de Catar», dice Chadwick. «Y el hecho de tener esta inversión digital rompedora en Twitter, podría ser un símbolo de algo que está por venir».
