La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba la semana pasada que el nuevo impuesto a las grandes fortunas gravará la riqueza neta superior a los tres millones de euros, mientras que las rentas del capital tributarán más en el IRPF a partir de 200.000 euros.
«Es una propuesta conjunta de las dos formaciones políticas que conformamos este Gobierno y forma parte del acuerdo presupuestario que esperamos en breve cerrar de forma definitiva», señalaba la titular de Hacienda en una rueda de prensa para presentar el paquete fiscal para «la justicia social y la eficiencia económica», con el que el Gobierno pretende recaudar 3.144 millones de euros adicionales.
Sobre el llamado «impuesto de solidaridad de las grandes fortunas«, Montero ha explicado que será temporal y se aplicará únicamente en 2023 y 2024, y constará de tres tramos: entre tres y cinco millones de riqueza neta se pagará un 1,7%; entre cinco y diez millones, un 2,1%; y por encima de diez millones, un 3,5%.
Así pues, el impuesto no se pagará por los tres primeros millones de patrimonio. Es decir, las cuantías situadas por debajo de dicho tramo operan como una suerte de mínimo exento, lo que supone que aquel contribuyente con un patrimonio de 3.000.001 euros, pagará un 1,7% sobre el euro que supera los tres millones (1,7 céntimos). En el caso de una fortuna de once millones de euros, el contribuyente no pagará nada por los tres primeros millones, abonará un 1,7% por los dos siguientes (34.000 euros), un 2,1% por los cinco siguientes (105.000 euros) y un 3,5% por el millón final (35.000 euros). Como resultado, su factura final con el nuevo impuesto ascendería a 174.000 euros.
Con este nuevo impuesto, que afectará a unos 23.000 contribuyentes (el 0,01% del total), el Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros potenciales (se empezará a recaudar en 2024), aunque el importe real dependerá de las decisiones que adopten las comunidades autónomas. Y es que el tributo evitará la doble imposición, dado que la cuota abonada por el Impuesto de Patrimonio –cedido a las comunidades– será deducible en el nuevo impuesto.
Está pendiente de decisión, no obstante, la forma de tramitación legal de la norma en el Parlamento, que se impulsará de forma independiente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), dado que no pueden contemplar nuevas figuras tributarias. Además, hay una cláusula de evaluación de la medida, por lo que están todas las opciones abiertas respecto al futuro desarrollo del impuesto.
Más IRPF a rentas altas y menos a bajas y medias
Al mismo tiempo, el Gobierno elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más. Con esta medida, espera recaudar 204 millones de euros y afectará a 17.814 contribuyentes.
Junto con esta subida a las rentas altas, el Gobierno también aprobará medidas en el IRPF para favorecer a las rentas medias y bajas, elevando hasta 21.000 euros el beneficio fiscal que actualmente se aplica en las rentas de hasta 18.000 euros. Esta medida va a suponer un ahorro de 1.881 millones de euros y beneficiará al 50% de los contribuyentes de este impuesto.
Así pues, Montero ha indicado que las medidas del Gobierno sobre el IRPF para dichas rentas van a permitir un ahorro en términos medios a los contribuyentes de en torno a 400 euros anuales.
Por contra, la ministra ha advertido de que una deflactación del IRPF, por ejemplo, para rentas por debajo de 40.000 o por debajo de 60.000, lo que permite es un ahorro de unos cuarenta euros para estos mismos contribuyentes.
Las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF.
Medidas «coyunturales» dirigidas a los autónomos
También en este impuesto, se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada. Beneficiará a más de 577.000 empleados por cuenta propia, que se ahorrarán 184 millones de euros. Desde Hacienda apuntan, en todo caso, que se trata de medidas coyunturales.
El paquete fiscal presentado hoy por Montero también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja permanentemente el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a un millón de euros. El impacto económico es de 292 millones de euros y se beneficiarán más de 400.000 empresas.
Las grandes empresas pagarán casi 2.500 millones más
Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal.
Con esta medida, Hacienda espera recaudar 2.439 millones entre 2023 y 2024 (puesto que una parte impactaría en los pagos fraccionados de 2023 y el grueso, 2.195 millones, se harían esperar hasta la liquidación del año, en 2024). Así pues, cada uno de los grupos afectados por la medida tendrá que aportar en total unos 675.000 euros adicionales por Sociedades sobre el ejercicio fiscal 2023, según publica Expansión.
Menos IVA
En el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, tal y como contemplaba la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por el Gobierno y aprobada por las Cortes Generales.
Además, se reducirá, según ha comunicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el IVA de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.
Medidas estudiadas
Montero ha negado que las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de coalición se hayan «improvisado» al calor de los anuncios autonómicos de rebajas impositivas.
«Venimos trabajando desde que en agosto se puso en marcha la propuesta sobre el impuesto a las energéticas y la banca. Ni el equipo más superdotado podría improvisar en diez o quince días una reforma fiscal de estas características», ha señalaba en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.
La ministra ha subrayado que el nuevo paquete fiscal acomete una rebaja «selectiva» de impuestos, como siempre ha defendido el Gobierno, frente a la rebaja generalizada que implicaría la deflactación del IRPF que demanda el PP, que afectaría a todos los niveles de renta, incluidas las más altas.
En una entrevista en Onda Cero, la ministra insistía en que estas nuevas medidas no se han visto condicionadas por las decisiones de algunas comunidades de rebajar impuestos, aunque sí ha reconocido que le «sorprendió» que se hicieran estos anuncios, considerando como «el más grave» la supresión del Impuesto sobre Patrimonio en Andalucía.
La ministra ha defendido la idoneidad del ‘impuesto de solidaridad’ temporal a los patrimonios superiores a los tres millones de euros –excluyendo la vivienda habitual–, pues son los que más tienen y las empresas con mayores beneficios las que tienen que arrimar el hombro en un momento como este. «Hay que impedir que esta crisis se salde con más desigualdad», ha subrayado.
Política fiscal «de sentido común»
Montero ha destacado además que, frente al «vaciamiento y el populismo fiscal» del PP, el Gobierno practica una política fiscal «de sentido común» y ha instado a los ‘populares’ a aclarar su posición sobre las medidas anunciadas.
«No sé muy bien qué va a votar el PP en esta reforma. Feijóo no sabía si decir si sí o si no (…) Yo no puedo entender que para el PP sea más importante proteger al 0,2% de la población (los que se verán afectados por el impuesto a las grandes fortunas) frente a más de la mitad de los ciudadanos. En un sitio dice que los estamos imitando, en otro que no es suficiente y es una reforma incompleta. Yo creo que se tiene que aclarar», ha afirmado la ministra.
No a un efecto contagio en la eliminación del Impuesto de Patrimonio
Asimismo, Montero ha llamado a las comunidades autónomas a debatir con calma sobre el Impuesto de Patrimonio, de su posible eliminación de la financiación autonómica y de la opción de sustituirlo por otro tributo.
En este sentido, la ministra de Hacienda explicaba en una entrevista publicada este domingo por El Periódico y El Periódico de España que su plan fiscal también pretende que «no haya un efecto contagio en la eliminación del impuesto sobre el patrimonio».
Montero precisa que el Gobierno lleva trabajando «desde hace varios meses» en el mencionado impuesto pese a haberse anunciado la semana pasada, pocos días después de darse a conocer la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía, una medida «desacertada», a su juicio.
Así pues, el pago de dicho impuesto será totalmente deducible en el nuevo tributo, lo que significa que quienes residente en aquellas comunidades que no hayan modificado a la baja el impuesto tradicional sobre la riqueza no tendrán que hacer ningún abono adicional en la mayoría de casos, según Hacienda.
Sin embargo, el impacto de este nuevo tributo será especialmente notable en las comunidades autónomas que bonifican Patrimonio al 100% (Madrid, tradicionalmente, y Andalucía, desde ahora), pues no habrá cuantía alguna que deducirse del pago, según señala Expansión. Además, incidirá en Galicia que acaba de elevar la bonificación del tributo del 25 al 50%.
En este sentido, ha afeado al PP que practique «una política fiscal de protección de las élites» en un momento en el que «se necesita del apoyo del sector público en los colectivos más vulnerables».
«Populismo fiscal, vaciamiento fiscal, llámelo como quiera, pero esa carrera a la baja de comunidades autónomas no tiene sentido», ha avisado la ministra, para insistir en que «habrá que debatir» esta cuestión «cuando se discuta el modelo de financiación autonómica».
«Mientras tanto, lo que hemos hecho es poner en marcha un tributo que evita la doble imposición, pues permite descontar de él la cuota que se esté pagando en cada comunidad autónoma del impuesto sobre el patrimonio», ha subrayado.
También, ha puntualizado que «por regla general, en las comunidades donde el impuesto de patrimonio existe y está intacto, no va a haber ningún tipo de contribución añadida para sus contribuyentes» con el ‘impuesto de solidaridad’, mientras «en las comunidades autónomas donde se ha eliminado el impuesto, sí va a haber contribución añadida».
Al respecto, ha afirmado que el objetivo del plan fiscal del Gobierno «no es poner donde no hay»: «El Gobierno no va contra nadie ni a favor de nadie. Es simple y llanamente por justicia fiscal».
Reta a Díaz Ayuso a llevar al Constitucional el ‘impuesto de solidaridad’
Por otro lado, Montero ha retado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a llevar al Constitucional el ‘impuesto de solidaridad’. «La señora Díaz Ayuso permanentemente traslada que lo va a llevar todo a los tribunales. Que lo haga, que lo haga. No se puede pretender que las competencias que tiene que ejercer el Gobierno de España se puedan hacer desde la Comunidad de Madrid. No es correcto», ha apostillado, para criticar la política de los gobiernos de Madrid y Andalucía de «confrontar por confrontar».
Asimismo, ha asegurado que no hay riesgos de inconstitucionalidad en el nuevo impuesto, que, ha dicho, «está muy pensado» y es «coherente». «Nosotros consideramos que en este momento los patrimonios por encima de tres millones de euros tienen que hacer un esfuerzo adicional. Hay en algunas comunidades donde ya lo están haciendo y, por tanto, no tienen que pagar más. Pero aquellos que no lo están haciendo, que lo hagan», ha insistido.
También, ha indicado que el mencionado impuesto podría incorporarse al proyecto de ley que regula los nuevos impuestos sobre la energía y la banca, y que el objetivo es que todas las medidas entren en vigor el 1 de enero.
Cabe destacar que Hacienda prevé que se presente como iniciativa parlamentaria en las próximas semanas y se aborde en una tramitación exprés que permita tener el tributo aprobado antes de final de año. En todo caso, la intención es que entre en vigor el uno de enero en paralelo a las nuevas cuentas públicas.
Tienes que saber…
Esta medida no influye en la próxima declaración de la Renta que habrá que presentar en 2023, ya que corresponderá al ejercicio 2022. Estos cambios si se verán reflejados en la declaración de 2023, a presentar en 2024.
Más allá de presentar la declaración de la renta, no será necesario realizar ninguna operación concreta para acceder a la reducción, ya que será calculada y aplicada automáticamente por la Agencia Tributaria por el programa de elaboración del borrador de la declaración.
