Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han atendido este viernes a la petición de España de considerar la baja interconexión eléctrica de la península Ibérica con Francia, que la convierte en una isla energética, a la hora de tomar medidas específicas con las que atajar los elevados precios de la electricidad.
«La península Ibérica tiene una situación especial y por eso hemos acordado un tratamiento especial para que pueda lidiar con la situación en la que están», ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en rueda de prensa tras la cumbre de líderes europeos.
La Comisión Europea explorará medidas temporales para reducir los precios del mercado mayorista de electricidad, para las cuales tendrá en cuenta «el nivel de interconexión eléctrica» de los países con el mercado comunitario, según exponen los Veintisiete en sus conclusiones.
Este compromiso considera las demandas efectuadas por España y Portugal de presentar una propuesta que atienda a las circunstancias específicas de interconexión energética de la Península Ibérica con el resto del continente europeo, que ronda el 3%, por lo que pide ser considerada una isla energética y poder aplicar medidas específicas a nivel nacional.
En esta línea, el Ejecutivo comunitario se ha comprometido a tener en cuenta las «circunstancias» nacionales y del ‘mix’ energético de los Estados miembros en la elaboración del plan para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, según apuntan las conclusiones de los Veintisiete.
Además, la Comisión Europea estudiará la puesta en marcha de medidas «de emergencia» para el mercado eléctrico en los Estados miembros, una evaluación que se compromete a realizar de forma urgente de cara a «mitigar el impacto de los precios de los combustibles fósiles en la producción de electricidad», según rezan las conclusiones de los líderes de la UE.
Entre las medidas planteadas está la de limitar los precios del gas para la producción de electricidad, según constan en las conclusiones, si bien no se ha tomado ninguna decisión precisa para establecer un tope, por lo que los líderes seguirán debatiendo sobre esta cuestión en mayo.
Fuentes europeas señalan que con este paso, la UE pone en marcha un proceso para estudiar, dentro de unos parámetros, la utilidad de medidas como la fijación máxima de precios. Las medidas serán discutidas por los Veintisiete en grupos técnicos, un trabajo acelerado que puede ser planteado en menos de un mes.
«A partir de hoy podremos poner en marcha medias excepcionales y limitadas en el tiempo para reducir los precios» de la energía, ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, precisando que ambos gobiernos tendrán que presentar sus propuestas a la Comisión Europea para que de su aval, para lo cual se tendrá en cuenta «las condiciones especiales de la Península» como isla energética.
El canciller alemán, Olaf Scholz, ha dicho del presidente español que «ha defendido con mucho éxito los intereses de su país», junto al portugués Antonio Costa, para poder negociar con la Comisión Europea que «se tenga mejor en cuenta la especificidad» de la península ibérica. De esta reivindicación de ‘isla energética’, Scholz ha añadido que lo considera «muy defendible».
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, ha confiado en que puedan «desatascar en las próximas semanas» las iniciativas para poder desconectar el precio de la electricidad del gas.
Por ello, ha dicho Macron, los Veintisiete han dado mandato a Bruselas para «revisar» el sistema para «poner techo a muy corto plazo» y poder controlar el precio de la luz «si se dispara». Esta reforma del sistema en el que trabajarán, ha añadido, deberá también permitir dar con un método «mucho más estable».
Además, los líderes de la UE y la Comisión discutirán con los actores del mercado energético la fijación de un nivel máximo de precios para el gas o medidas regulatorias para los contratos para limitar el efecto contagio en los mercados de la electricidad, teniendo en cuenta las «circunstancias nacionales».
El Consejo de líderes ha propuesto considerar un impuesto o una intervención regulatoria para utilizar los «beneficios caídos del cielo» de las eléctricas como una fuente de financiación a nivel nacional.
