El Banco de España ha avisado este lunes en el Congreso de que un alza mantenido del 10% en el precio de la factura de la luz a lo largo de dos o tres años puede contraer el PIB entre dos y tres décimas, según estimaciones internas del organismo. Así lo ha manifestado el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, con motivo de la ronda de comparecencias para informar de las nuevas cuentas públicas para 2022.
El gobernador ha señalado al repunte de la inflación como «un factor con capacidad de afectar de forma adversa» a las perspectivas de crecimiento de la economía, si bien ha matizado que es pronto para saber cuánto durará y en qué magnitud. Por un lado, ha destacado este proceso como consecuencia de la recuperación de la actividad, tras la paralización de esta por la pandemia y la acumulación de ahorros, pero también ha señalado la escasez de recursos, tanto energéticos como no energéticos, y el encarecimiento del transporte.
En el caso de la energía, ha dicho que lo esperable es que el encarecimiento sea transitorio —ha señalado cómo los mercados de futuros apuntan a una reducción durante el próximo año— pero no ha descartado una persistencia de la espiral alcista en los próximos meses, especialmente con un mayor consumo durante el invierno en un momento de disponibilidad reducida del gas y el petróleo.
Sobre las repercusiones de la espiral inflacionista, Hernández De Cos ha señalado que la reciente evolución de los precios obliga a revisar unas previsiones que ya eran superiores a las del Gobierno, y de forma automática empujarían el alza de los precios un 2,8% este año y el siguiente, lo que supondría un aumento de 0,5 y 1 punto porcentual respectivamente. Una mayor inflación podría ser beneficioso para el déficit público, al implicar una mayor recaudación, pero también supone un riesgo desde el punto de vista de la relación que tienen determinadas partidas, como las pensiones o los sueldos, a la evolución del IPC.
En lo que se refiere concretamente al incremento de los precios de la energía, el gobernador ha señalado también el papel de las políticas de lucha contra el cambio climático, al asumir que «van a ser claramente inflacionistas». Al tratarse de una externalidad negativa, ha señalado que «la mejor solución» contra ello pasa por los impuestos, que desembocaría en mayor inflación.
Sin querer ir más lejos en la valoración de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno para contener el alza de los precios, Hernández de Cos ha apostado por adoptar medidas de carácter estructural, y no coyunturales, a la hora de abordar problemas estructurales, más allá del apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.
