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El total de contribuyentes con fortunas superiores a los 30 mil millones batió récords antes de la pandemia. Según muestra el último informe estadístico sobre los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio publicado por la Agencia Tributaria, en 2019, hubo 701 personas que declararon bienes por un precio superior a esta cantidad. Esto supone un repunte del 15,3% respecto al año anterior, con 608 personas, y el triple de multimillonarios que en 2011, con 325 ciudadanos. 

También hay que tener en cuenta que el número de liquidaciones totales prácticamente se ha duplicado en los últimos ocho años, de 130.216 en 2011 a 212.284 en 2019. Esto se refleja en el patrimonio total declarado por los españoles, que pasa de los 430.669 mil millones a 730.480 millones de euros

El impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas, que tienen plena competencia normativa para aplicar deducciones o bonificaciones sobre ello, y de hecho es obligatorio declararlo cuando un contribuyente posee bienes con un valor superior a los 700.000 euros. La Comunidad de Madrid es la única donde está exento este tributo, ya que decidió bonificar este impuesto al 100% y por tanto no recaudar nada. Esto significa que los contribuyentes estaban obligados a presentar la declaración, pero no se ingresó en las arcas públicas gracias a la bonificación que se aplica. Esto le supuso una pérdida de más 989 millones de euros en 2019.

Igual que Madrid, pero dentro del régimen foral, están los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra. Motivo por el cual se restringen directamente de la estadística del Territorio de Régimen Fiscal Común.

En el lado opuesto, es decir, donde más pagaron los contribuyentes y se impulsó la recaudación de patrimonio en 2019, Cataluña (555,5 millones), la Comunidad Valenciana (153,6 millones) y Andalucía (88,7 millones). La que menos, sin deducciones, Castilla la Mancha (14,8 millones de euros).

Esta competencia fiscal ha derivado en dumping fiscal, es decir, un motivo de deslealtad y reproche de esas comunidades donde son más proclives a mantener los impuestos altos, a diferencia que los populares de Madrid. Como solución el Ministerio de Hacienda anunció que en 2022 presentaría un plan de reforma fiscal con el objetivo de armonizar las diferencias entre las autonomías. Ahora, este podría retrasarse más allá de 2023.