El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas de la reforma del sistema de pensiones. Estas fueron aprobadas como anteproyecto por el Gobierno y acordadas con los sindicados CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme el pasado julio. 

El plan de reforma —impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá— tiene cuatro principales objetivos: la introducción de incentivos para retrasar la jubilación, la revisión del modelo de jubilación anticipada, la revalorización de las pensiones, y la derogación del factor de sostenibilidad.

Estas son las claves para entender la nueva norma:

Jubilación anticipada

El principal cambio se dará en el coeficiente reductor de aquellos que decidan adelantar su jubilación. El coeficiente reductor es una medida que se aplica para determinar la cuantía de la pensión cuando una persona se jubila de manera anticipada y sirve como penalización, ya que el trabajador va a recibir la prestación durante más tiempo que si hubiese accedido a la edad ordinaria.

Ahora, el coeficiente reductor se aplicará sobre la cuantía de la pensión, siempre respetando la limitación máxima, y no sobre la base de cotización. De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido.

Incentivos para retrasar la jubilación

También se darán bonificaciones del 4% por cada año trabajado de más a aquellos que decidan retrasar la jubilación, o un pago único extra que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros, en función del importe de la pensión y de si el trabajador ha superado o no los 44 años y medio cotizados. También se plantea una combinación de ambas opciones.

Equidad intergeneracional

Hasta 2013, para calcular la pensión por jubilación de un trabajador se tenía en cuenta su edad, los años cotizados a la Seguridad Social y la cuantía ganada. Ese año, el Gobierno de Mariano Rajoy incorporó a la ecuación el factor de sostenibilidad, que suponía una revisión a la baja de la cuantía inicial de la pensión para compensar los efectos sobre las cuentas del Estado del aumento de la esperanza media de vida de la población en edad de jubilación. Esta medida nunca se ha llegado a poner en práctica y el actual Gobierno la derogará.

En su lugar, se plantea un mecanismo de equidad intergeneracional, que aún esta por de definir. El Ejecutivo se da de plazo hasta el 15 de noviembre para pactar con los agentes sociales está nuevo sistema que pretende empezar a funcionar activamente en 2027. Si no lo consigue el Ejecutivo lo definirá en ciernes para su entrada en vigor en enero de 2022 a expensas de posibles cambios de acuerdo al diálogo social.

Prohibición de cláusulas de jubilación forzosa

Con la entrada en vigor de la reforma, las empresas no podrán acogerse a cláusulas de jubilación forzosa con los trabajadores de menos de 68 años. Además, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las empresas tendrán que contratar como mínimo a tiempo completo y de manera indefinida a un trabajador por cada jubilado forzoso.

Se podrá llevar a cabo la jubilación de personas por debajo del los 68 años cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas sea inferior al 15% de las personas ocupadas. Igualmente habrá que cumplir varios requisitos, principalmente la contratación simultánea de al menos una mujer de manera indefinida y a tiempo completo.

Gastos impropios

La norma propone culminar el proceso de separación y clarificación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social hasta el final de la legislatura. También recoge nuevos retos a corto-medio plazo.

En tres meses busca incluir a los becarios que no tengan remuneración en la Seguridad Social y en seis pretende crear una Agencia Estatal de Seguridad Social y revisar el marco de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparlas a las de los matrimonios.

Para el segundo trimestre de 2022, creará un nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales para los autónomos.