Donald Trump, que prometió levantar un nuevo salón de baile en la Casa Blanca sin recurrir al dinero de los contribuyentes para financiarlo, ha conseguido compromisos de donación privada por 333 millones de dólares. Una lista interna obtenida por The Washington Post revela quiénes están detrás de la financiación: desde Nvidia y Apple hasta grandes fortunas vinculadas a los sectores de las telecomunicaciones, las finanzas y las criptomonedas. Al menos 77 millones de dólares proceden de donantes que solicitaron mantener su identidad en secreto.
Nosotros ya habíamos tratado el tema, aquí.
La investigación, publicada el 15 de octubre por los periodistas Jonathan O’Connell, Sarah Blaskey y Aaron Schaffer, examina los registros internos de la campaña de recaudación del proyecto. La hoja de cálculo contiene los nombres, las fechas y los importes de 67 aportaciones superiores a 10.000 dólares registradas hasta finales de septiembre. Los documentos complementarios permiten identificar a quienes pidieron anonimato y reconstruir algunas de las circunstancias en las que se comprometieron las donaciones.
La dimensión económica de la operación es considerable. Según el diario estadounidense, más de tres cuartas partes del dinero se comprometió en aportaciones de al menos cinco millones de dólares. Además, las empresas o los directivos de compañías que han tenido contratos con el Gobierno federal durante el segundo mandato de Trump representan aproximadamente la mitad del total recaudado.
La investigación no demuestra que las aportaciones hayan provocado decisiones favorables de la Administración. Sin embargo, documenta una estructura de financiación en la que empresas con intereses comerciales ante el Gobierno aportan cantidades millonarias a una obra presidencial mientras una parte sustancial de los donantes permanece fuera del escrutinio público.
Nvidia, Apple y la familia Adelson: 25 millones cada una
Los compromisos individuales más elevados identificados por The Washington Post corresponden a Nvidia, Apple, la familia Adelson y Charles Ergen, con 25 millones de dólares cada uno.
En el caso de Nvidia, la compañía de Jensen Huang se comprometió a aportar el dinero en octubre de 2025, casi tres meses después de alcanzar un acuerdo con Trump para vender chips avanzados a China, una operación que había suscitado preocupaciones de seguridad nacional. La empresa pidió que su aportación permaneciera en secreto, aunque Huang ya había comentado públicamente que Nvidia estaba contribuyendo al proyecto sin revelar el importe.
«Nuestro apoyo a Estados Unidos es primordial e independiente de cualquier interés empresarial»
declaró John Rizzo, portavoz de Nvidia, al periódico. La compañía defendió que había realizado una donación a una entidad sin ánimo de lucro y que había hablado públicamente de su contribución.
Apple también figura con 25 millones de dólares. La empresa de Tim Cook mantiene importantes intereses comerciales ante la Administración estadounidense, entre ellos los relacionados con los aranceles y la producción industrial en Estados Unidos. La compañía no respondió a las preguntas del diario sobre su aportación.
La familia Adelson, una de las principales dinastías de financiación del Partido Republicano, comprometió otros 25 millones. La misma cantidad figura a nombre de Charles Ergen, cofundador y presidente de Dish Network.
La lista incluye también a otras grandes compañías estadounidenses. Microsoft y Palantir comprometieron 10 millones de dólares cada una. Comcast aparece con 7,5 millones, mientras que Amazon, T-Mobile, Meta, Cisco y ServiceNow figuran con aportaciones de cinco millones de dólares. Entre los donantes de mayor cuantía también aparecen Lockheed Martin y Caterpillar.
En el sector de las criptomonedas, los compromisos superan los 18 millones de dólares, según el análisis del Post. La mayor aportación individual identificada en ese ámbito corresponde a Cameron y Tyler Winklevoss, cofundadores de Gemini, que donaron bitcoins valorados en 5.050.018 dólares.
Charles Ergen: 25 millones mientras EchoStar esperaba autorizaciones
La secuencia que rodea a Charles Ergen constituye uno de los casos más relevantes de la investigación. El empresario comprometió 12,5 millones de dólares en diciembre de 2025 y otros 12,5 millones en febrero de 2026. Los documentos indican que pidió mantener el anonimato de la aportación.
Meses antes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), presidida por Brendan Carr, había abierto una investigación sobre EchoStar, propietaria de Dish Network. En mayo de 2025, Carr advirtió a Ergen de que la compañía podía perder licencias gubernamentales fundamentales para su negocio, al considerar que no había cumplido sus compromisos de modernización de la red móvil.
En junio, Ergen se reunió a puerta cerrada con Trump y Carr para abordar el asunto, según información publicada por Bloomberg y citada por el Post. En agosto, el empresario negoció la venta de parte de las licencias de EchoStar a AT&T, una operación que necesitaba autorización regulatoria. Carr cerró la investigación en septiembre.
Las dos aportaciones de Ergen al salón de baile se registraron mientras la venta seguía pendiente. En mayo de 2026, la FCC y el Departamento de Justicia aprobaron la operación.
Ergen y EchoStar declinaron hacer comentarios al periódico. La investigación no acredita que las donaciones influyeran en las decisiones de los reguladores, pero la cronología permite reconstruir la coincidencia entre las aportaciones privadas, la investigación gubernamental y las autorizaciones que necesitaba la compañía.
La lista incluye asimismo una aportación de cinco millones de dólares atribuida a AT&T, descrita como «prometida», a diferencia de las demás cantidades, registradas como comprometidas. La empresa aseguró al Post que parecía tratarse de un error y afirmó que no tenía previsto contribuir al Trust for the National Mall, la entidad que gestiona las donaciones.
Salesforce: un contrato de hasta 5.600 millones de dólares
Otro de los casos examinados afecta a Salesforce, cuyo negocio de contratación pública ha crecido durante el segundo mandato de Trump.
El consejero delegado de la compañía, Marc Benioff, comprometió un millón de dólares para el salón de baile después de asistir a encuentros con el presidente en septiembre y octubre de 2025. La lista registra además otros dos compromisos de un millón de dólares realizados por Salesforce: uno el 24 de diciembre de 2025 y otro el 29 de enero de 2026.
Entre ambas fechas, el Ejército estadounidense adjudicó a la compañía un contrato que puede alcanzar los 5.600 millones de dólares hasta 2035, según la revisión de los registros públicos realizada por el Post. El diario considera que podría ser el mayor contrato público de la historia de Salesforce. Al anunciar la adjudicación, el Pentágono señaló que se habían solicitado ofertas por internet, pero que solo se había recibido una.
Benioff y Salesforce no respondieron a las preguntas del periódico. Tras la publicación, un portavoz del Ejército afirmó que las adjudicaciones se realizan de acuerdo con la legislación federal y que las decisiones se basan en las necesidades operativas, la capacidad técnica y la mejor relación entre valor y coste.
La investigación también identifica una aportación de cinco millones de dólares de ServiceNow. La empresa se había comprometido a realizarla un mes después de que la Administración General de Servicios anunciara un acuerdo para facilitar el acceso de las agencias federales a su software de inteligencia artificial con descuentos.
ServiceNow aseguró que las negociaciones del acuerdo habían comenzado mucho antes de la donación y que su negocio gubernamental no estaba relacionado con las aportaciones filantrópicas. La Administración sostuvo igualmente que las donaciones no influyen en las decisiones de compra.
Rocket: 10 millones tres semanas después de una aprobación federal
La investigación identifica también una aportación de 10 millones de dólares de una filial de Rocket, el grupo de vivienda, finanzas y tecnología fundado por Daniel Gilbert, propietario de los Cleveland Cavaliers de la NBA.
En marzo de 2025, Rocket anunció sus planes para adquirir Redfin, una plataforma de búsqueda inmobiliaria, y Mr. Cooper, una compañía hipotecaria. La adquisición de Mr. Cooper necesitaba la aprobación de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, que autorizó la operación el 26 de agosto de 2025.
Tres semanas después, una filial de Rocket comprometió diez millones de dólares para el salón de baile y solicitó anonimato.
La compañía negó que existiera una relación entre la donación y las autorizaciones. Su portavoz, Aaron Emerson, afirmó que Rocket y sus empresas vinculadas llevaban más de una década apoyando al Trust for the National Mall y a otras organizaciones sin ánimo de lucro de Washington.
La Comisión Federal de Comercio también sostuvo que Rocket no había recibido un trato especial. La agencia señaló que había presentado una demanda contra Redfin por prácticas contrarias a la competencia pocos días después de la aportación.
La hija de un banquero indultado comprometió 2,5 millones
Entre los donantes identificados figura Isabela Herrera, hija del banquero Julio Herrera Velutini, ciudadano venezolano e italiano. Según los registros examinados por el Post, Herrera comprometió 2,5 millones de dólares para el salón de baile en septiembre de 2025. El primer pago, de 835.000 dólares, se realizó el 14 de octubre de ese año.
En 2022, el Departamento de Justicia había acusado a Herrera Velutini de soborno en una causa relacionada con la financiación de la campaña de la entonces gobernadora de Puerto Rico a cambio de la retirada de un regulador que investigaba su banco. El empresario y su abogado defendieron que se estaba criminalizando una actividad política legal. En agosto de 2025, los cargos se redujeron a un delito menor como parte de un acuerdo judicial.
Después de la victoria electoral de Trump, Isabela Herrera había realizado dos aportaciones a MAGA Inc., un comité de acción política favorable al presidente, por un total de 3,5 millones de dólares. Las contribuciones llevaron a Campaign Legal Center a presentar una queja ante la Comisión Federal Electoral por sospechas de que podía estar actuando como donante interpuesta de su padre. La organización afirmó que no había recibido respuesta de la comisión.
En enero de 2026, Trump indultó a Herrera Velutini. El presidente también concedió indultos al exgobernador puertorriqueño y al asesor político relacionados con la causa. El abogado del banquero expresó públicamente su agradecimiento al presidente por la decisión.
Ni Herrera Velutini ni su hija respondieron a las preguntas del Post. La investigación no establece una relación entre la aportación al salón de baile y el indulto presidencial, pero documenta la secuencia de las contribuciones políticas, el compromiso privado y la posterior decisión de Trump.
El dinero anónimo y el papel del Trust for the National Mall
Las aportaciones se canalizan a través del Trust for the National Mall, una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington cuya misión habitual es restaurar y preservar el National Mall y los terrenos de la Casa Blanca.
El acuerdo de 12 páginas entre el Gobierno y el Trust, obtenido por el Post, establece que la organización debe mantener el anonimato de los donantes en la medida permitida por la ley y no reconocerlos públicamente sin autorización escrita del personal de la unidad de la Residencia Ejecutiva de la Casa Blanca.
Los documentos complementarios identifican al menos 77 millones de dólares procedentes de donantes que solicitaron anonimato. El diario también encontró aportaciones fraccionadas en varios pagos y contribuciones en especie que no aparecen en la hoja de cálculo.
La Casa Blanca había publicado en octubre de 2025 una lista de 37 personas, empresas y fundaciones que contribuían a la obra, pero sin revelar las cantidades individuales. La nueva documentación permite conocer los importes de las grandes aportaciones y muestra que al menos nueve donantes pidieron expresamente que sus nombres no se hicieran públicos.
El Trust defendió que en la filantropía es habitual que los donantes soliciten confidencialidad y afirmó que se compromete a respetar esas peticiones. Legisladores demócratas han reclamado información sobre las aportaciones y las condiciones de financiación, sin obtener los detalles solicitados.
El sistema no implica por sí mismo una ilegalidad: las organizaciones sin ánimo de lucro no están obligadas, con carácter general, a divulgar públicamente la identidad de todos sus donantes. Pero sí plantea una cuestión de transparencia cuando el dinero se destina a una obra presidencial y se canaliza posteriormente al Gobierno y a una cuenta de la Casa Blanca bajo control directo del presidente, según la investigación.
333 millones recaudados frente a un objetivo de 400 millones
Los 333 millones de dólares comprometidos siguen por debajo de los 400 millones que Trump ha dicho que pretende recaudar para el proyecto. El presidente no aparece como donante en la lista interna, pese a haber afirmado que financiaría la obra junto a sus amigos.
La diferencia es relevante también por la evolución del coste. La Casa Blanca anunció en julio de 2025 que el salón de baile costaría alrededor de 200 millones de dólares y que se financiaría con aportaciones privadas. En marzo de 2026, una estimación del contratista situó en 600 millones de dólares el coste del conjunto de la intervención en el ala este, que incluye el salón de baile, espacio de oficinas y una instalación militar subterránea. El Post informó además de que se habían utilizado fondos públicos para cubrir parte de las obras.
Las cifras no son directamente equivalentes: los 200 millones correspondían a la estimación inicial del salón de baile, mientras que los 600 millones se refieren al proyecto más amplio del ala este. La Casa Blanca ha defendido que el dinero público se destina a componentes de seguridad, mientras que los donantes privados financian el salón.
La lista interna no demuestra que los contribuyentes hayan obtenido favores a cambio de sus aportaciones. Sí revela que una parte sustancial de la financiación procede de compañías y empresarios con intereses ante el Gobierno federal, y que decenas de millones de dólares se han comprometido bajo condiciones de anonimato.
La cuestión no es únicamente quién paga el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, sino qué grado de transparencia debe exigirse cuando las grandes empresas que financian una obra presidencial mantienen, al mismo tiempo, contratos públicos, operaciones regulatorias o intereses económicos que dependen de decisiones de la Administración.
El salón de baile de la Casa Blanca es mucho más que un proyecto arquitectónico: la trama de donaciones que lo rodea permite examinar los vínculos de Donald Trump con los multimillonarios de su entorno y cuestionar hasta qué punto la financiación privada del proyecto es compatible con la transparencia que exige la gestión del poder público.
Francesco Fusi es periodista internacional, graduado en Lenguas, Literaturas y Culturas de Europa y de las Américas, especializado en periodismo de guerra y miembro del Registro de Periodistas de Italia. Su trayectoria combina el reporterismo de investigación, la cobertura de conflictos y actualidad política, la comunicación institucional y la creación de contenidos, con experiencia profesional en Europa y América Latina. En América Latina, trabajó para Página/12 (Argentina), donde cubrió el caso Santiago Maldonado, y para Animal Político (México), con investigaciones sobre narcotráfico y conflictos sociales. En Ecuador, desarrolló labores de comunicación institucional para la Società Dante Alighieri, en contacto con el ámbito diplomático e institucional. También colaboró con la televisión italiana durante la cobertura de las elecciones generales españolas de 2019. Su recorrido profesional abarca asimismo el sector audiovisual, los medios digitales y la comunicación corporativa, con experiencias en Fanpage y Sky en Italia, y en compañías como Booking.com, Lastminute.com y Top Doctors en España. Actualmente forma parte del equipo de redactores digitales de Forbes España, donde cubre empresas, negocios y actualidad.
