Las elecciones generales del 29 de noviembre llevarán a la campaña buena parte de los debates económicos que han marcado la legislatura, pero con una diferencia: el foco no estará únicamente en el estado de la economía española, sino en qué quieren hacer los partidos si llegan al Gobierno. A falta de que todas las formaciones presenten sus programas electorales definitivos, sus últimas resoluciones, iniciativas parlamentarias y anuncios permiten identificar ya las principales líneas de actuación en cinco áreas: vivienda, impuestos, salarios y jornada laboral, industria y energía y condiciones para autónomos, pymes y empresas.
La comparación requiere, no obstante, cierta cautela. El PP ya ha puesto sobre la mesa un decálogo económico con medidas concretas; el PSOE cuenta con las resoluciones de su 41º Congreso Federal y con iniciativas impulsadas durante 2026; Podemos ha avanzado las prioridades económicas de la candidatura encabezada por Irene Montero; y Vox mantiene sobre la mesa las propuestas de su programa económico y de sus iniciativas más recientes. En el caso de Sumar, la situación es diferente: el nuevo Frente Amplio todavía no ha presentado su programa electoral para el 29-N y tiene previsto concretar su hoja de ruta en las próximas semanas.
Las posiciones conocidas permiten, por tanto, anticipar los grandes ejes del debate económico, pero no dibujan todavía una fotografía definitiva de los programas electorales. En vivienda, las diferencias pasan por aumentar la oferta, ampliar el parque público o intervenir sobre los alquileres. En fiscalidad, por rebajar impuestos o aumentar la progresividad. En el mercado laboral, por reducir la jornada y elevar el salario mínimo o por priorizar la renta disponible, la productividad y el diálogo social. Y en energía y empresa, por modelos distintos sobre el papel del Estado, la regulación, la nuclear y los costes que soportan las compañías.
1. Vivienda: más oferta, más parque público o regulación de los alquileres
La vivienda será previsiblemente uno de los principales asuntos económicos de la campaña. El acceso a un hogar se ha convertido en una cuestión central para los partidos y las propuestas conocidas muestran modelos claramente diferenciados sobre cómo aumentar la oferta, contener los precios y facilitar la compra o el alquiler.
El PP sitúa el problema principalmente en la falta de oferta. En su decálogo económico presentado en septiembre plantea crear las condiciones para construir un millón de viviendas en cuatro años, movilizar suelo y agilizar los procedimientos administrativos. La formación también propone favorecer el acceso de los jóvenes a la compra mediante una “hucha hogar” o avales públicos de hasta el 95% o el 100% de la financiación, además de incentivos fiscales y medidas para facilitar la construcción. Entre sus propuestas figura también acabar con las zonas tensionadas y aprobar medidas específicas frente a la ocupación ilegal.
El PSOE apuesta por aumentar el peso de la vivienda pública y consolidar un parque de alquiler asequible. Su estrategia incluye la creación de una Empresa Estatal de Vivienda, el mantenimiento de la vivienda protegida de forma permanente y el objetivo de elevar el parque público por encima del 6% del total. En junio, el Gobierno presentó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, una cantidad que incluye financiación del Estado y de las comunidades autónomas, con un reparto previsto del 60% y el 40%, respectivamente.
Podemos plantea una intervención más directa sobre el mercado del alquiler. Entre las cinco prioridades anunciadas por Irene Montero para el primer año de una eventual legislatura se encuentra la regulación del precio de la vivienda, especialmente de los alquileres. La formación mantiene además una posición favorable a aumentar la intervención sobre las viviendas en manos de grandes propietarios y fondos de inversión y a reforzar el parque de vivienda social.
En este bloque también aparece Vox, cuya posición se centra en aumentar la oferta y reducir las cargas que, a su juicio, encarecen el acceso a la vivienda. Su programa económico apuesta por una mayor liberalización del suelo, por reducir impuestos y costes asociados a la compra y por recuperar incentivos fiscales para la adquisición de vivienda habitual. En sus posiciones más recientes, la formación ha insistido también en priorizar el acceso de las familias españolas a la vivienda frente a la presión de fondos de inversión y otros grandes operadores.
En el espacio de Sumar, todavía no existe un programa electoral cerrado para el 29-N. El Frente Amplio, que integrará a IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid, tiene previsto presentar su hoja de ruta en octubre. La vivienda aparece ya como uno de sus principales ejes políticos y Sumar ha defendido durante 2026 medidas para reforzar la protección de los inquilinos, ampliar las prórrogas de los contratos y limitar determinados usos especulativos de la vivienda.
2. Impuestos: rebajas fiscales frente a una mayor progresividad
La fiscalidad será otro de los grandes terrenos de discusión. Aquí las diferencias entre los partidos son especialmente visibles: mientras el PP y Vox plantean reducciones de impuestos y de costes para familias y empresas, PSOE, Podemos y el espacio de Sumar defienden una mayor progresividad y un papel más redistributivo del sistema tributario, aunque con propuestas y grados de intervención diferentes.
El PP ha presentado un Plan de Choque para la Mejora del Poder Adquisitivo con varias medidas concretas. Entre ellas figura la actualización de la tarifa general del IRPF para compensar el efecto de la inflación y la ampliación del mínimo por descendientes. En el caso del primer hijo, por ejemplo, plantea elevar ese mínimo de 2.400 a 4.800 euros; para el segundo, de 2.700 a 5.400 euros. Es importante precisar que se trata del mínimo por descendientes en el IRPF y no de una deducción directa.
El paquete fiscal del PP incorpora además un IVA del 0% para determinados alimentos básicos y una rebaja del IVA de la energía del 21% al 10%. También incluye la eliminación del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.
El PSOE mantiene un enfoque basado en la progresividad fiscal y en la utilización de los ingresos tributarios para financiar políticas públicas. Sus resoluciones defienden que quienes tienen una mayor capacidad económica contribuyan en mayor medida al sostenimiento del Estado del bienestar y mantienen la lucha contra el fraude y la elusión fiscal entre las líneas de actuación. Para el 29-N, no obstante, conviene distinguir entre estas orientaciones políticas y las medidas concretas que el partido termine incorporando a su programa electoral.
Podemos mantiene una posición más claramente redistributiva. La formación plantea aumentar la contribución de las grandes empresas y grandes patrimonios, reforzar la progresividad del sistema y establecer una mayor tributación sobre determinados beneficios empresariales extraordinarios. Su discurso económico sitúa además la reducción del coste de vida de las familias como uno de los objetivos centrales de su política fiscal.
Vox, por su parte, mantiene una estrategia de reducción de la presión fiscal. Su programa económico plantea rebajar los tipos del IRPF, reducir el IVA y situar el impuesto sobre sociedades en el 15%, además de eliminar o reducir determinadas figuras tributarias. La formación ha defendido estas medidas como parte de un modelo orientado a reducir costes, simplificar el sistema y aumentar la renta disponible de familias y empresas.
En el caso de Sumar, el Frente Amplio todavía no ha cerrado su programa electoral. Las posiciones conocidas del espacio apuntan, sin embargo, hacia una mayor progresividad fiscal y una mayor contribución de las rentas y patrimonios más elevados. Durante 2026, Sumar ha defendido también reformas tributarias dirigidas a incrementar la aportación de las grandes herencias y grandes patrimonios.
3. Salarios y jornada: cuánto cobrar y cuánto trabajar
El mercado laboral será otro de los grandes ejes económicos del 29-N, con diferencias especialmente visibles en torno al salario mínimo, la duración de la jornada y la manera de aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Antes de comparar las propuestas, hay una precisión importante: la jornada máxima legal ordinaria en España sigue siendo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Algunos convenios colectivos establecen jornadas inferiores, pero las 37,5 horas no son la jornada máxima legal vigente.
El PSOE plantea reducir progresivamente la jornada laboral hasta alcanzar las 36 horas semanales antes de 2030. Además, sus resoluciones defienden que el Salario Mínimo Interprofesional equivalga al 60% del salario medio, en línea con el criterio establecido por la Carta Social Europea. El partido también ha incorporado a sus compromisos el desarrollo de un Estatuto del Becario.
El PP plantea una estrategia diferente. Su enfoque pone el acento en aumentar la renta disponible de los trabajadores mediante rebajas fiscales y en que las decisiones salariales continúen pasando por el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Su propuesta económica vincula además la mejora de los salarios a la productividad, la formación, la FP dual, la reducción del absentismo y la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías.
Podemos ha situado una cifra concreta sobre la mesa. Entre las prioridades anunciadas por Irene Montero figura reducir la jornada hasta las 35 horas semanales y elevar el SMI hasta los 1.800 euros mensuales. La formación también plantea recuperar poder adquisitivo para familias y trabajadores y vincula esa recuperación a una mayor participación de los trabajadores en el crecimiento económico.
Vox mantiene una posición contraria a imponer por ley una reducción general de la jornada. La formación ha defendido que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, deben disponer de mayor flexibilidad y ha planteado reducir costes laborales y cotizaciones para favorecer el aumento de los salarios netos.
En el caso de Sumar y el futuro Frente Amplio, todavía no existe una cifra y un calendario incorporados a un programa electoral específico para el 29-N. El espacio político mantiene entre sus líneas de actuación la reducción del tiempo de trabajo y el aumento del SMI, pero será la hoja de ruta que presente el Frente Amplio la que permita conocer sus compromisos concretos para las elecciones de noviembre.
4. Industria y energía: competitividad frente a transición energética
La energía se ha convertido en una cuestión directamente vinculada a la competitividad de las empresas. El precio del suministro, la capacidad de las redes eléctricas, las inversiones industriales y el futuro de la energía nuclear forman parte de modelos económicos claramente diferentes.
El PP apuesta por mantener durante más tiempo la capacidad nuclear instalada. Su decálogo propone prolongar la vida útil de las centrales nucleares, modificar el calendario de cierre y eliminar el impuesto a la generación eléctrica. También plantea un plan para desbloquear los accesos a la red eléctrica, aumentar las inversiones en infraestructuras y reducir las trabas administrativas que dificultan nuevos proyectos industriales.
La formación vincula además energía y competitividad a través de un Plan Nacional de Competitividad, con incentivos fiscales a la innovación, mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y reducción de burocracia. Su propuesta incluye también medidas para reforzar la formación y la FP dual y facilitar la incorporación de perfiles vinculados a la inteligencia artificial, la robótica y la biotecnología.
El PSOE mantiene como principales líneas la transición energética, las renovables y la reindustrialización. Su estrategia industrial está vinculada a la modernización del tejido productivo, la inversión en tecnologías limpias y el desarrollo de sectores estratégicos. Las resoluciones socialistas sitúan la transición verde y la reindustrialización entre las prioridades de su política económica.
Vox defiende un modelo energético en el que la energía nuclear desempeña un papel central. En sus propuestas más recientes ha reclamado prolongar la vida de las centrales existentes y desarrollar nuevas instalaciones, al tiempo que plantea reducir los impuestos y costes energéticos que soportan hogares e industrias. La formación también ha cuestionado determinadas políticas de descarbonización cuando considera que perjudican la competitividad de la industria española.
Podemos apuesta por una mayor presencia pública en el sector energético y por acelerar la transición hacia las renovables. Entre sus líneas programáticas figura la creación de una empresa pública de energía y una mayor intervención del Estado en sectores considerados estratégicos, con el objetivo de reducir el coste de la energía y combatir la pobreza energética.
En Sumar, la posición conocida mantiene una apuesta clara por las energías renovables y por una transición energética acelerada. En 2026, la formación se ha opuesto a prolongar la vida de determinadas centrales nucleares y ha defendido un modelo basado en renovables, almacenamiento e inversión industrial. La concreción de estas propuestas dentro del programa del Frente Amplio queda, sin embargo, pendiente de su presentación.
5. Autónomos, pymes y empresas: menos costes, más protección o más apoyo público
El quinto gran eje será el papel de los autónomos, las pymes y las empresas, un ámbito en el que las diferencias aparecen tanto en la fiscalidad como en la burocracia, las cotizaciones y la relación entre las pequeñas empresas y las grandes corporaciones.
El PP plantea una reducción de costes y obligaciones administrativas. Su propuesta incluye eliminar el IVA para los autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales, introducir una Tarifa Cero para nuevos autónomos, reducir el número de declaraciones fiscales y simplificar los trámites. También propone que el primer trabajador contratado por un autónomo quede durante un año exento de determinadas cotizaciones y facilitar la compatibilidad entre trabajo por cuenta propia y ajena.
El PSOE mantiene el desarrollo del sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales y combina esta política con medidas de apoyo a la digitalización, la financiación y la modernización de los pequeños negocios. Su estrategia pone más énfasis en la protección social y en adaptar las cotizaciones a la capacidad económica de cada trabajador por cuenta propia.
Vox plantea una reducción de costes para los autónomos y las empresas. Entre sus propuestas figura eliminar la cuota de autónomos para quienes tengan ingresos inferiores al SMI y reducir el impuesto sobre sociedades al 15%. La formación vincula estas medidas a su estrategia general de reducción de impuestos y burocracia.
Podemos pone el foco en la protección de los pequeños negocios frente al poder de las grandes empresas. Entre sus líneas programáticas figuran medidas para limitar determinadas prácticas de grandes compañías, mejorar los plazos de pago y evitar que autónomos y pequeñas empresas tengan que adelantar impuestos sobre facturas que todavía no han cobrado. Su enfoque se centra más en modificar las relaciones de poder dentro del mercado que en una reducción generalizada de impuestos.
En el espacio de Sumar, las propuestas conocidas antes de la creación del Frente Amplio apuntan a mejorar las condiciones de los autónomos y las pequeñas empresas mediante una mayor simplificación administrativa, mecanismos para combatir la morosidad, financiación específica y medidas para facilitar la aplicación del régimen de franquicia del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros. También ha defendido instrumentos públicos de financiación para empresas pequeñas y medianas.
Las cinco claves económicas que llegan abiertas al 29-N
Con los programas electorales completos todavía pendientes, las posiciones conocidas permiten identificar ya los principales puntos de diferencia que previsiblemente marcarán la campaña económica.
En vivienda, el debate enfrenta el aumento de la oferta y los incentivos para comprar y construir del PP y Vox con el refuerzo del parque público que defiende el PSOE y una mayor intervención sobre los alquileres planteada por Podemos y el espacio de Sumar. En impuestos, el contraste se sitúa entre las rebajas fiscales que proponen PP y Vox y una mayor progresividad defendida por PSOE, Podemos y Sumar.
En el mercado laboral, las cifras muestran también modelos diferentes. El PSOE plantea llegar a 36 horas antes de 2030, Podemos propone 35 horas y un SMI de 1.800 euros, mientras que el PP pone el acento en la renta disponible, la productividad y el diálogo social y Vox rechaza una reducción legal generalizada de la jornada. Sumar mantiene la reducción del tiempo de trabajo entre sus líneas políticas, pero todavía tiene pendiente concretar su propuesta en el programa del Frente Amplio.
En energía e industria, el contraste pasa por la defensa de la nuclear y la competitividad industrial de PP y Vox frente a la apuesta por la transición energética y la reindustrialización del PSOE y las posiciones más intervencionistas y orientadas a las renovables de Podemos y Sumar.
Y entre autónomos, pymes y empresas, las diferencias se mueven entre la reducción de impuestos y burocracia del PP y Vox, el modelo de cotización y apoyo a la digitalización del PSOE y una mayor protección de los pequeños negocios frente a las grandes corporaciones en las propuestas de Podemos y Sumar.
El mapa, por tanto, empieza a tomar forma, pero todavía no está cerrado. Las próximas semanas serán determinantes para saber qué medidas terminan incorporando los partidos a sus programas y, sobre todo, qué propuestas económicas pasarán de ser líneas políticas a convertirse en compromisos concretos para la legislatura que salga de las urnas el 29 de noviembre.
