Desde la organización de consumidores han advertido de que los consumidores «no pueden cargar solos» con la factura de la lucha contra el fraude, ya que la arquitectura antifraude actual descansa en la idea «poco razonable» de que un usuario sea capaz de detectar un engaño perfectamente diseñado con herramientas de inteligencia artificial (IA).
En este sentido, Asufin ha señalado que las incidencias por falsas inversiones y criptomonedas multiplican por siete los registros de hace solo cuatro años, mientras que los registros relacionados con fraude bancario se han cuadruplicado, un escenario de vulnerabilidad del que alertó el propio Ministerio de Transformación Digital.
Ante esta situación, la asociación ha exigido a los bancos «mayor y más efectiva» inversión en el desarrollo de sistemas de detección de operaciones sospechosas en tiempo real, el bloqueo temporal de operaciones especialmente anómalas, protocolos de atención a clientes vulnerables en oficinas y un contacto directo con el cliente mediante canales seguros ante la primera señal de estafa.
Asimismo, desde Asufin han reclamado a las entidades financieras que «no utilicen la mera autenticación como prueba automática de negligencia del cliente» ni esperen que el consumidor sea la última barrera de seguridad del sistema financiero mientras se espera la aprobación definitiva del paquete legislativo europeo PSD3/PSR.
Por último, Asufin ha pedido una «responsabilidad compartida» a operadoras de telecomunicaciones y plataformas digitales para combatir el fraude digital, reclamando la detección y el bloqueo «más agresivo» de SMS, llamadas y números que suplantan a bancos, empresas o administraciones públicas antes de que alcancen a los consumidores.
Asimismo, la organización ha reclamado la retirada inmediata de anuncios, perfiles y contenidos fraudulentos sin necesidad de denuncias individuales, la creación de mecanismos ágiles de intercambio de información entre bancos, ‘telecos’ y autoridades, y el establecimiento de obligaciones reforzadas de verificación, trazabilidad, detección y retirada para aquellas empresas que permitan la difusión de estafas.