«De este modo, se evitará que los pequeños negocios asuman obligaciones tecnológicas desproporcionadas y ajenas a su actividad diaria», ha justificado a través de un comunicado el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos.
El calendario de implantación de Verifactu establece dos fechas límite obligatorias para adaptar los sistemas de facturación en España: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados.
Los Gestores Administrativos han recordado que el 99,8% del tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas. En estos negocios, la estructura es extremadamente reducida y, por lo general, es el propio empresario quien asume simultáneamente la dirección, la gestión económica, la contratación de personal y el cumplimiento normativo.
Según han advertido los Gestores, cada nueva exigencia regulatoria les resta un tiempo valioso que dejan de dedicar a producir, vender, atender clientes o generar puestos de trabajo.
«La tecnología permite hoy conocer mucho mejor la realidad de cada contribuyente. Si la Administración dispone de información suficiente para identificar niveles de riesgo diferentes, resulta difícil justificar que un pequeño bar, una peluquería, un autónomo o una multinacional soporten prácticamente las mismas obligaciones administrativas», ha señalado el presidente del Consejo General, Fernando Jesús Santiago.
El colectivo ha aclarado que no cuestiona la digitalización ni las medidas contra el fraude fiscal. Al contrario, considera que la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria ofrecen una oportunidad única para mejorar la eficacia del control.
Por ello, han defendido sustituir el modelo rígido del «café para todos» por una regulación inteligente que diferencie con claridad entre perfiles con riesgos muy distintos.
PROPUESTAS
Ante esta situación, el Consejo General ha propuesto revisar la normativa para introducir medidas correctoras y solicita tres acciones principales: introducir criterios objetivos en la norma, aplicar exenciones selectivas y realizar un estudio de impacto conjunto.
Adicionalmente, el Consejo General ha elaborado un informe técnico detallado que reproduce paso a paso el recorrido por el Informador de la Agencia Tributaria para demostrar cómo una sola operación extraordinaria activa estas obligaciones tecnológicas permanentes en pequeños comercios.