Sin embargo, la evolución de la red en régimen de concesión o peaje no ha ido pareja al ritmo de construcciones, y actualmente representa menos de la cuarta parte –exactamente el 21%– de la totalidad de vías nacionales de alta capacidad.
Por razones históricas, la red de vías de peaje está desigualmente distribuida y crea una serie de conflictos regionales y sociales que se agravan con la construcción de nuevas autovías gratuitas, a menudo paralelas a las anteriores.
España cuenta con uno de los presupuestos de mantenimiento de carreteras más elevado de la UE, dado que la mayor parte de su red es gratuita. Situación que se hace insostenible cuando el gasto público debe recortarse para cumplir con los firmes objetivos de reducción del déficit. Ello podría implicar nuevos reajustes en la previsión de gastos que, a medio plazo, acabarían afectando la calidad de la red vial española.
El mantenimiento y mejora de unas infraestructuras que resulten sostenibles hace obligatorio un modelo de financiación eficiente, que no solo garantice la buena conservación del trazado sino que también permita diversificar inversiones a la Administración –gestora mayoritaria de la actual red de carreteras y peajes–. Con el tiempo, la voluntad de aceptar el pago por uso de las autovías se acabará imponiendo en una sociedad cada vez más mentalizada del paralelismo que debe producirse entre seguridad y buen servicio.
Un sistema de peaje modular armonizado obligatorio en la UE, basado en la distancia recorrida y aplicado a todos los vehículos, sería el mejor sistema para lograr diversos y necesarios objetivos: la consecución de un verdadero espacio único europeo de transporte, la internacionalización de los costes de transporte por carretera o la liberación de recursos públicos para otras necesidades sociales. Además representaría el adecuado empujón para el crecimiento, el empleo y la conquista de una economía europea realmente competitiva y eficiente.
