Gestha ha destacado la exigencia a organismos y entidades de contar con un sistema de cumplimiento o de integridad, así como el endurecimiento de las multas de los cinco a los diez años a las empresas condenadas por corrupción, la prohibición de contratar con el sector público que será automática pasando de un máximo de 15 a 20 años, y se incluirá en un registro público y accesible.
En particular, con el proyecto de ley las multas a empresas por cohecho se duplican, las penas del tráfico de influencias pasan de 1 a 4 años de condena con prohibición de contratación pública hasta 10 años, y se crean dos nuevos subtipos agravados del delito de obstrucción a la justicia cuando afecte a investigaciones de corrupción.
También se exigirá una auditoría externa a los partidos políticos y sus fundaciones que perciban más de 50.000 euros en fondos públicos, y se reduce drásticamente el umbral para publicar las donaciones, pasando de los 25.000 euros actuales a 2.500 euros.
No obstante, Gestha ha reclamado equiparar las nuevas penas por cohecho a las empresas condenadas por corrupción en transacciones internacionales, extender la prohibición de contratar con el sector público a delitos de prevaricación administrativa o el fraude de funcionarios.