Nombramientos

José Bogas se incorpora a Berkeley para impulsar el proyecto de uranio en Salamanca

El exconsejero delegado de Endesa se incorpora al consejo de la minera para aportar su experiencia en el desarrollo del proyecto de Salamanca.

José Bogas

La minera Berkeley ha incorporado a José Bogas, exconsejero delegado de Endesa, a su consejo de administración como consejero no ejecutivo. El nombramiento supone el primer cargo de relevancia que asume el directivo tras dejar la primera línea ejecutiva de la eléctrica el pasado mes de abril y llega en un momento clave para la compañía, inmersa en el intento de desbloquear su proyecto de extracción de uranio en Salamanca.

La empresa comunicó la incorporación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y destacó que la trayectoria de Bogas en el sector energético y su conocimiento del entorno empresarial e institucional español pueden aportar un impulso a la estrategia de Berkeley. La compañía confía en que su experiencia facilite el diálogo con las administraciones para avanzar en la obtención de los permisos necesarios.

El proyecto salmantino lleva años paralizado y se ha convertido en uno de los mayores focos de conflicto entre Berkeley y el Gobierno español. La minera sostiene que la negativa a autorizar la explotación ha provocado importantes perjuicios económicos y mantiene un arbitraje internacional contra España, en el que reclama alrededor de 1.000 millones de euros en concepto de daños.

Si finalmente recibiera luz verde, la iniciativa se convertiría en una de las principales explotaciones de uranio del país, aunque también ha generado una fuerte oposición por parte de organizaciones ecologistas y de distintos colectivos sociales debido a su posible impacto ambiental.

Como parte de su incorporación, José Bogas percibirá una retribución anual de 45.000 dólares australianos, además de un paquete de opciones sobre acciones vinculado a la evolución bursátil de Berkeley. Su llegada refuerza el perfil del consejo de la minera en una etapa marcada por la incertidumbre regulatoria y por la búsqueda de una salida para uno de los proyectos más controvertidos del sector minero español.

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